El apego de la justicia chaqueña al poder político de turno sigue estando en tela de juicio. Ello a pesar de que el Superior Tribunal presentó un informe ante la Cámara de Diputados de la Provincia, sobre su labor en los últimos 25 años, con el que pretendía demostrar su independencia. Los legisladores no se conformaron con los números y remarcaron que la situación del Poder Judicial de Chaco “es grave”.
Los jueces presentaron un informe detallado sobre sentencias dictadas desde el advenimiento de la democracia en 1983 en el que se destaca que la mayoría de los casos recurridos ante la Corte Suprema de la Nación fueron confirmados. Así, por ejemplo, se dio a conocer que de los 14.458 fallos y resoluciones dictadas sobre cuestiones civiles, en más de dos décadas, 86 fueron revocadas y devueltas para corregir.
Sin embargo, las estadísticas no acallaron las críticas de los diputados, que no dudan de la falta de independencia del Máximo Tribunal de la Provincia y su apego al poder político, liderado en los últimos 12 años por Angel Rozas desde la gobernación.
“Salieron a defender la actividad jurisdiccional, pero la situación de la justicia en Chaco es grave, hay una mayoría de ministros vinculados al rozismo”, expresó el diputado Ricardo Sánchez. Mientras que Alicia Terada, del ARI, señaló que “hay un fuerte cuestionamiento desde la sociedad que refleja la degradación del Poder Judicial chaqueño”.
El informe del Superior Tribunal también señala que en el ámbito Penal, de 49 procesos recurridos ante la Corte Suprema, ésta anuló ocho y en una invocó la doctrina de la arbitrariedad. En tanto que en el fuero Contencioso Administrativo fueron revocados 58 de los 3.742 fallos dictados, y en lo Civil, Comercial y Laboral hubo 28 causas devueltas de un total de 10.716 sentencias.
Según un comunicado de prensa enviando desde el Tribunal Superior, “dicho informe descalifica de manera clara y transparente la crítica interesada de quienes intentan desprestigiar a una señera y prestigiosa institución como el Poder Judicial del Chaco, dejando sin sustento real los intereses particulares de quienes piden su intervención y enjuiciamiento”.
Pero los legisladores no lo entienden así y también cuestionaron el nombramiento de los últimos tres miembros del Máximo Tribunal por considerar que no tienen legitimación para ocupar el cargo. Ellos son Ramón Ávalos, Rolando Toledo y Ricardo Franco.
Al respecto, Terada explicó que “es contundente la falta de legitimación”, porque Ávalos fue secretario privado de Rozas, Toledo Jefe de Gabinete del mismo gobernador y Franco fue integrante de la Comisión de Asesoramiento Legislativo durante la última dictadura. “De la vinculación con el poder político es difícil desprenderse”, aseguró la diputada.
Además, tanto Terada como Sánchez remarcaron que “el Superior ha arrinconado a los jueces que intentaban tener independencia a través de una serie de enjuiciamientos”. Tal, es el caso de la jueza Mónica Lotero de Vollman, que luego de hacer lugar a varios amparos contra el Gobierno fue suspendida y sometida a juicio político, el cual lleva un año sin resolverse.
Ahora, Chaco comenzará una etapa de cambios luego de la derrota de Rozas en las elecciones a gobernador del último 16 de setiembre y la victoria de Capitanich. La sociedad esperó respeto a las instituciones y a la división de poderes. “Tenemos la ardua tarea de reconstruir la justicia luego de 12 años del gobierno del rozismo”, concluyó Sánchez.
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