En su resolución, el juez Isola ordenó al Estado, al Ministerio de Trabajo y al sector Empleo y Formación de Recursos Humanos de la ANSES abstenerse de aplicar el recorte en el sueldo de la demandante y abonar su salario y el aguinaldo sin reducción alguna. Además impuso las costas judiciales al Gobierno Nacional.
El magistrado hizo lugar a una demanda presentada por Estela Nieves Oltra, empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En los fundamentos del fallo, el juez Isola afirmó que el gobierno "ha excedido las facultades, excepcionales, por cierto" conferidas en la Constitución Nacional. “La creación de tal contribución no sólo implica la incursión en la competencia legislativa que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación, y no sólo le está expresamente prohibido al Poder Ejecutivo ejercerla sino que también le está vedado al legislativo delegarla", manifestó el magistrado.
El juez advirtió que el decreto "no ha sido ratificado ni aún tácitamente por el órgano legislativo en su conjunto, posibilidad ésta que por otra parte no parece tener cabida en la actualidad". Aunque no lo explicita, la referencia parece estar directamente relacionada con el rechazo del Senado al decreto de ajuste, producido semanas atrás.
Seguramente, el gobierno irá a la Corte Suprema, lo que concretará muy probablemente el próximo 31 de julio mediante una presentación de la Procuración del Tesoro, en el primer día hábil tras la Feria Judicial de Invierno.
El Ejecutivo Nacional también cuenta con un fallo a favor de la constitucionalidad de la medida, que fue emitido por el juez en lo contencioso administrativo Sergio Fernández, cuya argumentación, se descuenta, servirá de base para la apelación ante la Corte.