En el mes de junio la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland concedió el amparo y ordenó a Metrovías y al Estado Nacional a que en un plazo de seis meses provean todo lo necesario para la elaboración y aprobación de los planes de obra pendientes, que permitan hacer accesibles las estaciones de subte para los discapacitados.
Metrovías apeló el fallo que le impuso la obligación de readecuar la totalidad de las estaciones de subte para remover las barreras arquitectónicas para el acceso de personas con dificultades motrices.
La jueza Heiland le había denegado la apelación por considerarla extemporánea. Metrovías inició un recurso de queja que fue acogido favorablemente por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, por lo que se dio curso a la apelación planteada.
En los fundamentos de la apelación Metrovías explica que las obras que quedó obligada a realizar, se hacen “por cuenta y orden del Estado Nacional, que es el “responsable de las obras en todo el ámbito de la Concesión, tanto en relación a su diagramación como con relación a su financiación”.
Para la concesionaria “en la ecuación económico-financiera contenida en el Contrato de Concesión, no se contempló la obligación de Metrovías de financiar ninguna obra ni el derecho de modificar estaciones fuera del diagrama impuesto por el Estado Nacional”.
Sostiene también que “los planes de obra dispuestos por el Estado Nacional en el Contrato de Concesión no previeron la accesibilidad de las estaciones de subterráneos ya existentes, sin perjuicio de lo cual se previó la instalación de ascensores en las estaciones nuevas de la línea D que el Estado Nacional estaba construyendo, todo ello conforme a lo dispuesto por la ley 22.431”.
Alega además que la adecuación de algunas de las estaciones existentes es “una obligación de cumplimiento imposible, por cuanto muchas de las estaciones de subterráneos no están en condiciones de poder ser adecuadas (todo ello por cuanto sob de principios de siglo o se encuentran ubicadas en el microcentro)”.
En el Decreto 393/99 se aprobó un plan de obras en el que se desembolsarían gradualmente 30.000000 hasta el año 2011. En ese contexto Metrovías realizó estudios y propuso una serie de obras tanto a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas como a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, las que fueron aprobadas.
Las estaciones incluidas dentro de este plan eran “Tribunales” y “Facultad de Medicina” de la línea D, en las que ya se han realizado las obras de adecuación. Las estaciones dentro del plan pero pendientes aún de ejecución son “Florida”, “Callao”, “Uruguay”, “Malabia”, “Pueyrredón”, “Carlos Gardel”, “Medrano” y “Ángel Gallardo” de la línea B, “Moreno”, “Lavalle” y “Gral San Martín” de la línea C, “Callao”, “Pasteur”, “Pueyrredón” y “Bulnes” de la línea D y “Belgrano”, “Entre Ríos” y “Gral Urquiza” de la línea E. Sin embargo aducen que las muchas de estas obras ya adjudicadas no pudieron “iniciar su ejecución por cuanto el Estado Nacional suspendió la asignación de fondos correspondiente debido a la crisis económica originada a fines de los años noventa”.
La apelación de Metrovías está en manos de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Néstor Buján, Pedro Coviello y Bernardo Licht.