También dispuso que esas personas sean incorporadas al censo que el Gobierno tiene pensado realizar con otros 18 mil empleados del Municipio para saber qué tareas realizan en la administración.
“El artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al establecer que `el tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo` consagra de este modo el denominado principio protectorio del trabajador”, señaló la magistrada que en su resolución de este martes. La medida fue dictada cautelarmente y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza fue rotunda al sostener que “ante la inexistencia de actos administrativos que cumplan con los requisitos de forma en cuanto a la expresión de la voluntad de la Administración, y por ende de garantía…..se habría concretado una afectación en los derechos de los trabajadores alcanzados por las vías de hecho denunciadas”.
Liberatori también criticó que los 2.300 empleados a cuyos contratos se dieron de baja no hayan sido incluidos en el censo que Macri anunció que realizaría con otros miles de empleados para conocer dónde y qué tareas realizan.
“El relevamiento de los empleados con relación a las diversas modalidades en cuanto al trabajo que cumplen no reviste objeciones en sí mismo. Lo que sí pareciera objetable jurídicamente es el hecho de negar esa posibilidad a un grupo de esos trabajadores cuando lo que está en juego es su subsistencia económica”.
En ese marco, la jueza entendió que el amparo presentado por ATE cumplía con el requisito de peligro en la demora. “Cabe decir que al no habérseles renovado a estos trabajadores el contrato ha cesado la precepción de sus respectivas remuneraciones las que son de indudable carácter alimentario, el no percibir la remuneración implica en todos los casos, una afectación material y emocional del trabajador y su grupo familiar por lo que resulta evidente que cada día que transcurre se agrava esta situación de daño”.
Este no es el primer fallo de Liberatori contra el Gobierno de Macri. La semana pasada y este lunes frenó la intervención de la obra social de los empleados municipales que la comuna había dispuesto. Primero rechazó el decreto de necesidad de urgencia por el cual se dispuso la intervención. Y luego hizo lo propio con una ley de la Legislatura y otro decreto que instrumentó esa norma. La jueza avaló que el interventor Jorge Rey avance con la desregulación de la obra social pero rechazó que el Directorio de la entidad sea disuelto.
Con sus resoluciones, la jueza rompió la tranquilidad de la feria judicial de verano. Pero no es la primera vez que un fallo suyo tiene repercusión. En diciembre de 2004 Liberatori clausuró la exposición de arte del artista León Ferrari donde exponía una obra que mostraba a Cristo crucificado en un avión de guerra. Con esa misma obra, tres años después, el artista se consagraba en la 52° Bienal de Venecia alzándose con el León de Oro, máximo galardón de la muestra.