Se trata de una nueva ley que imprime un nuevo mecanismo de transparencia y publicidad a las decisiones del órgano judicial.
Por ejemplo, a partir de ahora todas las sesiones serán públicas. También las decisiones que tomen cada uno de sus miembros sobre un candidato a juez deberán ser “fundadas en todos los casos”
“El Consejo luego de realizar la audiencia pública, debe analizar y resolver fundadamente la o las designaciones, previo a considerar las objeciones que se efectuaran en relación a los postulantes”, señala la nueva ley que todavía no tiene número porque no fue promulgada por el Poder Ejecutivo aunque los plazos para hacerlo ya vencieron (fue aprobada por la Legislatura el 20 de diciembre) por lo que quedó vigente de hecho.
Por otra parte, todas las etapas vinculadas al concurso público se “sujetarán al principio de publicidad y amplia difusión de lo actuado, recurriendo para tal fin a medios de difusión tanto tradicionales como de nueva tecnología”. Además, el Consejo deberá impulsar y defender “la participación ciudadana en los procesos de selección, mediante la facilitación y accesibilidad de aquella información pública referida a los cargos concursados, como a sus aspirantes”.
“Las reformas aprobadas modifican sustancialmente una práctica ya institucionalizada en la que los jueces eran elegidos casi en secreto, sin que los ciudadanos conocieran el listado de los postulantes, ni los antecedentes, ni los criterios de selección”, celebró la Fundación Alternativa Popular.
Esa ONG denunció en noviembre del año pasado discrecionalidad en un concurso para juez de ejecución penal y presentó un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia para que lo declare nulo por ilegal y falto de transparencia. Además, la Fundación solicitó que cinco artículos de la ley 2.434 del Consejo sean declarados nulos. Todos esos artículos fueron modificados.
Luego de la presentación de esa acción la Legislatura comenzó a trabajar en un proyecto para modificar la selección de jueces. Se aprobó una iniciativa pero la Fundación Alternativa Popular propuso cambios y algunos fueron receptados por lo que se rescribió el texto.
“En Río Negro, avanzar hacia la democratización y la transparencia de los procesos de selección de jueces no formaba parte de las prioridades ni de las preocupaciones del Gobierno”, concluyó la ONG.