A 70 kilómetros de Mendoza, sobre el Valle de Uco, se encuentra el departamento de Tupungato. Su ciudad cabecera, en esencia, no dista mucho de las demás ciudades de la Provincia y allí se concentran los hoteles, los edificios públicos y los estrados de la Justicia. Sin embargo, hay una gran cantidad de habitantes dedicados a la agricultura que viven en zonas montañosas y que padecen las consecuencias del aislamiento, producto de la falta de recursos y de transporte. Para ellos, como
otra forma de acercar la Justicia a la gente, surgió la idea de los juzgados móviles, destinados, más que a la resolución de expedientes, a la concientización de los derechos de los habitantes.
La iniciativa fue puesta en marcha en 2004 por la jueza Adriana Rodríguez, a cargo del Juzgado de Familia de Tupungato, y luego la siguió en sus pasos la jueza de Paz de La Consulta, Elza Madrazo. Ambas, una vez por mes salen de sus despachos y trasladan sus equipos de trabajo a los lugares más necesitados.
“Hacemos una evaluación previa, con agentes sanitarios, directores de escuelas y maestras, y se elige una zona por mes de los lugares más alejados o con mayores problemas”, comentó la jueza Rodríguez en diálogo con Diario Judicial.com.
Allí, explicó la magistrada, desarrollan procedimientos cortos que no tienen contradicción, como conciliaciones o casos de violencia familiar, que en la provincia de Mendoza son autosatisfactivos y no necesitan de un proceso civil principal. Lo que no resuelven en esas visitas, por ejemplo, son casos de filiación. De todos modos, para evitar que la gente involucrada en esos expedientes tenga que trasladarse a la ciudad, realizan audiencias o toman testimoniales en el lugar, entre otras medidas, que permiten el avance de la causa.
Sin embargo, “muchos temas son de orientación, que tienen que ver con la prevención y con evitar la judicialización de los casos”, dice Rodríguez, que para llevar adelante la iniciativa cuenta en su juzgado con dos trabajadoras sociales, un psicólogo, un médico y un psiquiatra, más los mediadores y codefensores.
“La visita quizá no llega a concretar un expediente, pero se puede hacer vehículo de las demandas, posibilitar trámites de migraciones”, indicó la jueza, que puso mayor énfasis en resaltar que el objetivo de acercar la Justicia a la gente también apunta a la “construcción de ciudadanía, haciendo que la gente sepa cuáles son sus derechos”.
En un trabajo publicado por Rodríguez y Madrazo en la página web de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, las magistradas sostuvieron que su iniciativa es una herramienta de gestión que permite a los juzgados que necesitan de una mayor inmediación con el justiciable y una mayor celeridad en los procedimientos una optimización del servicio. “Se trata de una herramienta que permite captar y canalizar rápidamente las necesidades del justiciable que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad, sea por su pertenencia a grupos vulnerables o por desconocimiento de los mecanismos de acceso a la justicia y en definitiva, de sus derechos”, dicen en el artículo. (
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Rodríguez también contó que la idea surgió cuando en 2004, el presidente de la Corte de Mendoza, Jorge Nanclares, dio los lineamientos de gestión del Poder Judicial y pidió acercar la Justicia a la gente. “Este es otro concepto de acercamiento, y la gente lo recibe bien, siente que alguien la escucha”, concluyó la jueza.
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