05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

Corrientes: el STJ propone hacerse cargo de la destrucción de armas

Elevó un proyecto a la Legislatura en ese sentido. Busca descomprimir los juzgados penales que almacenan los elementos secuestrados. El Máximo Tribunal responsabilizó al RENAR por la acumulación del armamento pero desde el organismo rechazaron las críticas.

 
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes reclamó la competencia sobre la destrucción de armas que se incautan en los procesos judiciales. Para eso presentó un proyecto ante la Legislatura provincial que modifica la ley que actualmente le otorga a los jueces de instrucción la custodia de las armas secuestradas.

El STJ pretende elevación, recepción, custodia, movimiento y traslado de los elementos secuestrados en causas penales por la Policía, como las armas. Uno de los objetivos es descomprimir los juzgados penales que acumulan los materiales secuestrados.

“El STJ busca de ese modo quitar un peso a los magistrados, centralizando la organización de los depósitos, y la posterior disposición y/o remate de los elementos secuestrados por los mecanismos que prevé la ley”, explicó el Máximo Tribunal correntino.

Actualmente, la destrucción de las armas secuestradas la lleva a cabo el Registrado Nacional de Armas (RENAR). Pero el STJ criticó el trabajo de ese organismo. “La excesiva burocracia de esa repartición creó una `seria` situación de hecho que se evidencia en la acumulación del armamento señalado”, dijo el tribunal.

Desde el RENAR rechazaron la acusación. “Los procesos son más largos por todos los requerimientos de la ley: tomar fotos, precintar el arma, ver el carácter en la que se secuestro, ordenar los oficios. Todavía hay lentitud pero por los procesos judiciales. Hay un desconocimiento de cómo aplicar la ley por parte de los jueces”, le dijo a Diariojudicial.com Lucia Gómez Cónsoli, corrdinadora técnica y logística del RENAR.

La perito en armamento señaló que son 1.200 las armas secuestradas por la Justicia correntina y que ya hubo reuniones entre el delegado del RENAR en la provincia y autoridades del Poder Judicial.

Gómez Cónsoli diferenció el proceso de un arma secuestrada con el plan nacional de desarme voluntario. Se trata de una ley del Gobierno que incentiva la entrega de armas en manos de la población civil a cambio de dinero. En ese caso la destrucción es inmediata. Hasta el viernes ya se habían destruido 77.845 armas en todo el país.

Otra propuesta del STJ es prohibir la entrega a las fuerzas de seguridad de los vehículos que se secuestran en el marco de una investigación. “El máximo tribunal entiende que ello implica una mala práctica procesal que acarrea una serie de cuestiones que deben ser eliminadas”, explicó.



dju / dju
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