El acto intimidatorio -en medio de versiones no confirmadas acerca de la existencia de otro bulto conteniendo trotyl- se inscriben en el marco de las amenazas sufridas por los jueces Alberto Baños y Wilma López, quienes a principios de este año recibieron paquetes en sus despachos conteniendo pequeños ataúdes, con sus fotografías recortadas de los diarios y balas calibre 45.
El alerta se produjo a raíz de un llamado telefónico en el cual se daba cuenta de la presencia de una caja sospechosa en uno de los pasillos adyacentes al juzgado a cargo del juez subrogante Ricardo Farias.
Los expertos efectuaron a las 11 una "detonación controlada" del bulto.
Se sospecha que en el interior de un tubo de PVC que estaba en el envoltorio, podría haber habido un material explosivo ya que la detonación causó "una reacción" positiva. La detonación causó la rotura de algunos vidrios en la puerta vaivén del pasillo.
El acto intimidatorio se produjo cuando la Corte Suprema se encontraba en reunión de acuerdo un piso mas abajo.
Voceros confiables dijeron que los ministros mostraron su preocupación respecto del episodio, que en abril de este año llevó a disponer medidas de seguridad en el interior del edificio. Farias actualmente está a cargo de la investigación de las amenazas a los jueces que tiene la causa contra el SPF.
Según trascendió, la amenaza habría estado dirigida también al secretario Julio Quiñones, del juzgado de López, quien también fue víctima de las amenazas anteriores.
De acuerdo con lo señalado por voceros judiciales ante la amenaza se produjo la evacuación preventiva del piso, donde se había reanudado desde hora temprana la actividad.
También se hizo mención a las investigaciones llevada a cabo por el juez de instrucción Eliseo Otero, quien en las últimas semanas allanó dos unidades penitenciarias en Marcos Paz y en la sede del Servicio Penitenciario Federal, en Lavalle al 2600, a raíz del robo del que fue víctima el electo Jefe de Gobierno Porteño Aníbal Ibarra.
En el marco de esa causa, los choferes de Ibarra y testigos ocasionales habrían individualizado en rueda de presos, a uno de los internos alojado en una de las cárceles allanadas, como autor del asalto, por lo que el magistrado remitió las actuaciones al juez Baños.