Willis fue procesado al acceder el juez Literas a un reclamo que en ese sentido le formularon los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers, quienes además le habían imputado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Literas entendió que se le debían imputar los delitos comprendidos por el artículo 157 del Código Penal, que señala que "serán reprimidos con prisión de un mes a dos años, e inhabilitación de uno a cuatro años al funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos".
Willis fue nombrado por Alderete el 15 de mayo de 1997, como Representante Coordinador de la Presidencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Las funciones asignadas en el organismo, y por las cuales cobraba un sueldo de 5 mil pesos mensuales, eran las de "relevar las condiciones alternativas de contrataciones y prestaciones de servicios de salud de los afiliados y beneficiarios de los tres Niveles de Complejidad para la Provincia de Corrientes, a la vez de propiciar la generación de ofertas alternativas de prestaciones públicas y/o privads mixtas para ser sometidas a consideración y decisión del INSSJP".
Según resumieron voceros cercanos a la investigación, la tarea que Alderete le había encomendado era la de organizar los pliegos de licitación para que tres de las empresas preseleccionadas gerenciarán los servicio sociales del PAMI en todo el país.
Tras ese proceso, cuestionado en distintas causas judiciales en las que se denunciaron irregularidades durante la gestión de Alderete, Willis renunció al cargo el 3 de noviembre de 1998, y el 9 de diciembre ingresó como director titular de la empresa Siglo XXI Salud SA, una de las adjudicatarias de la licitación.