El juez federal de Campana Federico Faggionatto Márquez, podría ser citado a declarar como acusado de mal desempeño por presuntas irregularidades en unas 17 causas, si el Consejo de la Magistratura aprueba la propuesta realizada este jueves por el senador radical Ernesto Sanz.
El consejero de la oposición hizo la presentación del dictamen en la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación y ahora sus integrantes deberán analizar el pedido para aprobar o no la comparecencia del magistrado ante el cuerpo.
Faggionatto Márquez está a cargo del único juzgado federal de Campana desde fines de 2001 y es el magistrado que actualmente lleva adelante la investigación para determinar si fue intencional o accidental la quema de pastizales en la zona del Delta que tuvieron lugar el pasado mes de abril.
El expediente en su contra en el Consejo de la Magistratura cuenta con ocho cuerpos y más de 1600 páginas. Y entre otros temas, está bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito, protección a narcotraficantes, armado de causas y retraso de justicia.
Del proyecto de dictamen presentado por Sanz, surge que el pedido de juicio político contra Faggionatto Márquez se inició a raíz de una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal de Campana, en 2005, en la que se involucraba al juez en una “Red de Corrupción Organizada dedicada a la Extorsión; a través de ‘Causas Fabricadas’; para así poder brindar las soluciones a cambio de excesivas sumas de dinero”.
Entre otras cosas, el escrito de Sanz relata: “se sostiene que el Dr. Faggionatto Márquez dispuso la inmediata detención de una serie de personas que se hallaban prófugas y a las que, según comentarios de personal de Gendarmería, se les habría exigido la suma de setenta mil pesos para que el magistrado les otorgue la libertad”.
En función de ello, el senador señaló que “sea que fuere comprobada la existencia de una supuesta asociación ilícita integrada por el magistrado, las maniobras extorsivas que de ella surgirían, o la simple inactividad del juez en la dirección del juzgado con la consecuente afectación al servicio de la administración de justicia, lo cierto es que cada uno de esos actos importa, en lo esencial, una gravísima afectación a la institución judicial cuya trascendencia no puede dejar de ser vista aún ante su mera sospecha”.
De aprobarse la citación, la misma se haría con sustento en el artículo 20 del reglamento de acusación, que establece que “se oirá al magistrado denunciado” en caso de considerarse procedente los reproches hechos contra él en la denuncia.
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