Al contrario de lo que ocurre con la Justicia penal argentina, donde los pedidos de mayor celeridad en los procesos no son pocos, los jueces penales de Sevilla decidieron reducir en casi un veinte por ciento la cantidad de sentencias a dictar por año con el objetivo de dedicar mayor tiempo y tornar más eficaz el control de la fase ejecutoria de las mismas.
De esta manera, los magistrados de la capital andaluz dispusieron que cada uno de los trece juzgados en lo penal dicte anualmente un máximo de 380 resoluciones, cuando actualmente estaban firmando 465. Ello, implicará 1.105 sentencias menos que durante 2007, lo que equivale a una disminución del 18,2 por ciento.
La decisión, tomada por la junta de jueces, se debe a las repercusiones del caso “Mari Luz”, una nena gitana de cinco años que apareció muerta tras estar casi dos meses desaparecida. Las investigaciones, llevaron a dar con el presunto asesino, que se trata de un hombre que estaba en libertad a pesar de estar condenado por haber abusado de su hija menor.
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente contra el titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, por “falta muy grave de desatención” en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle, sospechado de la muerte de la nena, tema que desde principios de 2008 acaparó la atención de los medios españoles.
Y es así que, para que el “error” no se repita, los jueces de Sevilla optaron por dedicar más tiempo a la ejecución de las sentencias. “Esto permitirá a los jueces que tienen encomendadas la tramitación de las ejecutorias un control más eficaz y directo sobre la fase de ejecución de las resoluciones", explicó el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.
Cabe señalar que el límite de 380 sentencias a dictar por año no fue tomada al azar. Según los magistrados, la cifra coincide con el volumen de asuntos entrados al fuero y estiman que es número de resoluciones que pueden dictarse y ejecutarse ajustado a la actual estructura de la justicia penal de Sevilla.
Además, la propuesta de reducir el número de sentencias tuvo el visto bueno de los jueces luego de descartar otras opciones, como como no celebrar ningún juicio durante un mes y dedicar ese tiempo a revisar las ejecutorias, o dividir el trabajo dedicando una semana a celebrar juicios y otra al control de la tramitación de las ejecuciones.
Sin embargo, las consecuencias de dar mayor atención a la etapa ejecutoria no termina en la disminución del dictado de sentencias. Las autoridades estiman que la revisión y la puesta al día de las 7.000 causas ejecutorias que se tramitan actualmente en los juzgados sevillanos implicaránn un aumento en el número de personas alojadas en el centro penitenciario local.
Vale la pena mencionar que en España, la población carcelaria alcanza los 69.000 detenidos.
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