La idea es aplicar medicamentos que inhiban el deseo sexual en quienes ya hayan cumplido su condena, siempre que los médicos lo aconsejen y se demuestre la peligrosidad de aquellas para la sociedad. Entre otras recomendaciones, Bermejo expresó que se debe tomar en cuenta a posibilidad de elevar la pena para quienes cometan este tipo de delitos y ajustar el sistema a fin de que ningún preso salga de prisión si no tiene un buen pronóstico médico. En relación al primer punto, el Parlamento español comenzó a estudiar esa posibilidad.
En los últimos días, el Congresista de Perú, Yonhy Lescano exigió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento debatir y aprobar el proyecto de ley que agrega la castración química a la pena privativa de la libertad para los violadores. Entre las estadísticas que comentó el legislador, el método redujo en Francia, hasta en un 70 este tipo de agresiones desde el 2004, año en que se comenzó a aplicar.
El presidente francés anunció en agosto del 2007 la creación de un hospital especial al que estarían obligados a ir los pederastas, el cual no podrían abandonar hasta que los médicos tengan un buen pronóstico y la castración química haya surtido efecto. En el mismo año, el ex ministro del Interior británico, John Reid, informó sobre la aplicación del plan de la inhibición sexual en los condenados por violación de menores, además de que los padres puedan acceder a información sobre posibles pederastas.
En Israel, Alemania y Estados Unidos y Escandinavia ya se aplica el método. En Argentina se presentaron tres proyectos de ley que proponían la castración química, pero ninguno fue aprobado. El último que ingresó fue en el 2007 de la mano del ex diputado nacional Carlos Sosa, cuya ida era aplicar el método como pena para los delitos sexuales seguidos de muerte, con el fin de evitar la reincidencia de quienes lo cometan.
La propuesta se basaba en al modificación de dos artículos del Código Civil e incorporar además el 124 bis para hacerexámenes psicológicos a quienes volvieron a cometer este tipo de agresión tras cumplir su condena. La castración química sería una pena agregada a la de la privación de la libertad.
En su momento, el diputado explicó en los fundamentos del proyecto que la necesidad de elevar la pena se debe a que “la reincidencia en este tipo de delitos se produce en un porcentajes alarmantemente mayores que en los demás casos”.
Sin embargo, uno de los puntos fundamentales que impide la aprobación de esta iniciativa es que la castración química “produce una colisión de derechos” como a la intimidad de las personas, el derecho a la salud, a la seguridad, a la libertad sexual, y a la vida.