Para la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina (AFFUN), presidida por el fiscal general de la Cámara de Crimen Ricardo Sáenz, la medida “provoca una indebida injerencia en las facultades de los Magistrados del Ministerio Público Fiscal, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones, pudiendo constituir un atentado a la división de Poderes”.
“No se explica la necesidad de conocer el contenido de requerimientos, en investigaciones que podrían estar en secreto, o que podrían implicar a funcionarios públicos”, se explayaron los fiscales. “Estas situaciones no deben ser conocidas con anterioridad por las autoridades del Poder Ejecutivo, sin olvidar, además, que colocarían a los miembros de las Fuerzas frente a un conflicto de deberes que no se justifica”, señala el comunicado de la AFFUN, entidad que nuclea a fiscales nacionales y federales, quienes le solicitan a los jueces medidas que deben ser informadas a las fuerzas de seguridad.
La objeción es a la resolución Nº 1084/08 del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y que incluye a todas las fuerzas bajo su órbita (Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria) y el Servicio Penitenciario Federal. Textualmente dice: “los oficios judiciales o requerimientos de cualquier índole provenientes de magistrados judiciales y dirigidos a las Fuerzas de Seguridad (y Servicio Penitenciario Federal) dependientes del este ministerio, deberán ser elevados a conocimiento del suscripto (Ministro) previo a ser respondidos”.
Los jueces también son críticos para con la medida y por eso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) convocó a una reunión este martes a la tarde para conocer de boca de sus integrantes qué experiencias tuvieron con la resolución del Ministerio. El encuentro se estaba realizando al cierre de esta edición.
“La reunión tiene por finalidad recabar la información de los inconvenientes que ha traído la resolución para luego promover una gestión ante las autoridades a fin de que esto se corrija para que se puede trabajar entre los distintos poderes coordinadamente y que las fuerzas de seguridad sean auxiliares de la justicia, porque así lo establece el Código Procesal Penal de la Nación”, le dijo a Diariojudicial.com Luis María Cabral, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.
“No debe intermediar a los efectos del cumplimiento de las decisiones que toman los jueces y los fiscales”, agrega Cabral sobre la resolución.
El juez de la Cámara del Crimen de la Capital Federal y también integrante del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, coincide en centrar el debate en el Código Procesal Penal. “Me preocupa donde queda parado”, dice el camarista sobre el Código y cita los artículos 184, 187 y 204.
Esos artículos hacen referencia al papel de “auxiliar” de la Justicia que tienen las fuerzas de seguridad, las sanciones previstas para sus miembros por incumplir esa función, y que “el sumario será siempre secreto para los extraños”.
Bunge Campos suma otro tema a la discusión: los tiempos. “Todo tramite que se agrega al expediente, demora, lleva tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre”.
Fuentes de la Asociación de Magistrados coincidieron en que se esperaba un “numero importante de jueces penales” para el encuentro en la sede de la institución.
Por su parte, la AFFUN sostuvo que si algún fiscal considera que está frente a “una perturbación en el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos”, pueden hacérselo conocer al procurador General de la Nación, Esteban Righi.