Tres meses después de haberla presentado, el Gobierno le aceptó la renuncia al juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Alfredo Bisordi que mantuvo un enfrentamiento público con el ex presidente Néstor Kirchner por las causas de derechos humanos. Bisordi presentó su renuncia el 11 de marzo para que se haga efectiva a partir del 1 de abril pero recién la presidenta Cristina Kirchner firmó este miércoles el decreto 920 que aceptó la dimisión y que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. Bisordi fue denunciado junto a otros tres jueces de Casación por un supuesto retardo en la resolución de causas sobre derecho humanos. Néstor Kirchner les reclamó a los magistrados que aceleren esos procesos y Bisordi contestó que nunca había sentido tanto presión como durante ese Gobierno.
Transportistas liberan la ruta, tras la orden de la fiscal
La ruta nacional 19 fue liberada tras la emisión de la orden de la fiscal Hebe Flores. Los transportistas se colocaron a un lado del camino y abandonaron el corte de ruta, en el acceso a la planta de Repsol-YPF que está en el distrito de Montecristo. En consecuencia, permitieron el abastecimiento de combustibles para los camiones que lo trasportan. La medida se llevó a cabo en forma pacífica, luego de que se dialogara con los camioneros. Les permitirán continuar con la medida de fuerza pero la fiscalía advirtió que iba a intervenir en caso de que vuelvan a cortar la ruta,
Dos causas vinculadas a los cortes de la ruta 9 (texto completo)
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deberá decidir la próxima semana si cita a prestar declaración indagatoria a dirigentes de la oposición y del sector agropecuario. Por el momento, a diferencia de lo que trascendió el día de ayer, Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón, así como los ruralistas Mario Llambías y Eduardo Buzzi siguen imputados por un corte de la ruta 9, el cual tuvo lugar el 19 de marzo pasado.Paralelamente, Villafuerte Ruzo debe decidir si accede al requerimiento fiscal de procesar a los ocho ruralistas que fueron detenidos el 30 de mayo pasado por interrumpir la ruta 9 y por la quema de pastizales. Como consecuencia del requerimiento fiscal, los abogados defensores de los productores involucrados interpusieron un pedido de sobreseimiento y a su vez pidieron que el juez extienda por diez días más el plazo para resolver la situación procesal. Los letrados alegaron en el escrito que “el pedido de procesamiento refiere a presuntos hechos delictivos endilgados a nuestros representados cuya existencia y/o autoría no se encuentran acreditados.”
Reclamos en busca de la libre circulación
Empresarios de Victoria, Entre Ríos, denunciaron por lucro cesante a chacareros y transportistas, exigiendo que se hagan cargo de las pérdidas económicas que generan los cortes de ruta. El reclamo, se basó en que los manifestantes obstruyen una calle interna de esa ciudad, causando perjuicios a sus habitantes. Como consecuencia de la presentación, el juez de Instrucción Alejandro Callejas citó a los ruralistas involucrados para informarles del inicio de una causa penal en su contra. En el pueblo existen en la actualidad dos piquetes. Uno de ellos, corta totalmente el tránsito sobre la ruta provincial número 11, que vincula Paraná con Gualeguaychú. El otro está ubicado dentro de la ciudad, provocando inconvenientes a los comerciantes, y dificultades en el tránsito de autos y colectivos. A esto se suma que en La Plata, los taxistas también manifestaron su intención de acudir a la Justicia para intentar frenar los cortes de calles por manifestaciones. Los mismos, afirmaron que reiteradas protestas "coartan los derechos a trabajar y transitar libremente", y que ellos resultan "particularmente damnificados" en lo económico por estas prácticas.
IOMA deberá cubrir un tratamiento de fertilización in Vitro
En un nuevo fallo que reconoce la infertibilidad como una enfermedad que integra el derecho a la salud, la Justicia bonaerense ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) a cubrir el tratamiento de fertilización in Vitro (FIV) de una pareja de la localidad de Junín. Se trata de una sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de San Nicolás que confirma un fallo de primera instancia cuya diferencia con los antecedentes sobre el tema de la Justicia porteña es que la obra social debe hacerse cargo del 100 por ciento de los gastos "en las oportunidades que fuere menester y hasta lograr el efectivo embarazo perseguido". Así lo había dispuesto el pasado 28 de abril el juez Mario Ordoñez y en menos de dos meses fue confirmado por la alzada. A fines de Mayo, la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteña hizo lo propio con un fallo de la jueza López Vergara, que había condenado a Obsba a cubrir el tratamiento de fertilización in Vitro de una pareja.
Sin excepción que valga
La Corte Suprema de Justicia, confirmó la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que habilitó la realización de las audiencias contra Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. La Cámara de Casación, había rechazado los requerimientos de los dos imputados, acusados de delitos de lesa humanidad, respecto a la prescripción de la acción penal en su contra, las excepciones de cosa juzgada, la afectación a la garantía del juez natural y la inconstitucionalidad de la Ley 25.779 (nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final). De esta manera, el Tribunal Oral Federal de Tucumán, quedó habilitado para comenzar a realizar las audiencias del juicio que estaban suspendidas a la espera de la decisión de la Corte. En Casación, también se había resuelto confirmar el procesamiento de los imputados por la presunta comisión de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad con vejaciones, en concurso real y con asociación ilícita agravada, contra un ciudadano tucumano en la última dictadura militar.
Seminario de la Corte sobre garantías de los grupos vulnerables
El próximo martes 17 de junio se llevará a cabo en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, el seminario sobre “Las Garantías constitucionales de los grupos vulnerables: las personas privadas de su libertad”, organizado por la Corte Suprema de Justicia y EUROsocial, un iniciativa de cooperación técnica de la Comisión Europea. El encuentro comenzará a partir de las 10 de la mañana, en la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, inaugurará el evento y expondrá temas referentes al “Derecho a la Libertad” Los tópicos que se discutirán son: los límites constitucionales a la prisión provisional o preventiva, el internamiento de discapacitados, los derechos fundamentales de los presos y condenados y la reinserción social. En las mesas debate participarán como moderadores, la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco y los ministros, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.