27 de Diciembre de 2024
Edición 7120 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 30/12/2024

Para que el locatario deje de ser el otario

Diputados del SI ingresaron un proyecto de ley que pretende modificar la ley de Locaciones Urbanas. Entre otras cosas, se extendería de 2 a 3 años el plazo mínimo para los contratos de las propiedades destinadas a viviendas y la imposibilidad de modificar los precios a lo largo del contrato. La Unión Argentina de Inquilinos tiene su propia iniciativa. TEXTO COMPLETO

 
Con el objetivo de mejorar la situación que padecen los inquilinos en el marco del pago de los alquileres y confección de los contratos, diputados de la agrupación Solidaridad e Igualdad (SI) presentaron un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Locaciones Urbanas (23.091) que comenzará a ser debatido en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano.

“La vivienda es un bien que no pude ser comercializado como cualquier otro ya que se está jugando con el bienestar de la gente”, afirmó la diputada Nélida Belous, quien firmó la iniciativa tras mantener conversaciones con la Unión Argentina de Inquilinos (UAI). “Se prioriza generar la discusión en las comisiones y después a posteriori agregar modificaciones”, aclaró una asesora de la diputada.

La primera reforma que proponen los diputados del ARI se refiere a la “extensión del plazo mínimo de duración del contrato de dos a tres años, en los casos de locaciones para vivienda y de tres a cinco años, en los casos de locaciones con fines comerciales”.

Por otro lado, pretenden que se establezca “la imposibilidad de la modificación del valor locativo durante el periodo que dure el contrato de alquiler”, lo cual representan dos puntos de coincidencia con el proyecto elaborado por la UAI. “Hay inmobiliarias o propietarios que piden hasta tres o cuatro meses anticipados de pago de alquiler”, sostuvo la diputada, quien observa una relación abusiva y asimétrica entre el locador y el locatario.

Como tercer punto, la propuesta del ARI establecería que “el depósito de garantía no exceda la suma de sólo un mes de alquiler por todo el contrato”, a diferencia de lo que determina la actual legislación que habla de hasta un mes por año de contrato.

Los puntos recién mencionados apuntan a combatir una situación que explica en sus fundamentos, el proyecto que trabajó la UAI. “El año 2007 terminó, según el INDEC, con un aumento del Indice de Precios al Consumidor del 8,5% en el período mientras los alquileres habrían aumentado el 20,3% en igual término. En lo que respecta al año 2008- y de acuerdo con publicaciones del INDEC, el acumulado del año al mes de marzo era para el IPC del 2,5% y para los alquileres de 5,4%”.

“Es una escándalo monstruoso, la única posibilidad de solucionar esto es que haya ámbito público para discutir esto”, destacó Radames Marini, presidente de la Asociación. La iniciativa elaborada por esta institución, incluye entre las nuevas normativas que pretenden incluir dentro de la actual legislación, la creación del Servicio de Conciliación Locativa que funcionaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre sus funciones, este órgano se ocupará de “prevenir abusos en el precio de la locación o en la calidad de la misma, tratando de preservar el equilibrio entre las partes y la estabilidad del inquilino en su techo”, describe la propuesta de la UAI., que le otorgaría el rol que hoy en día cumplen las “paritarias”, según dijo Marini.

Otro de los puntos que según el presidente de la Asociación deben incluirse en el proyecto apunta a que “en la eventualidad de que no pudiese convenir la renovación contractual, el locador deberá otorgar al locatario un tiempo de un mes por cada año transcurrido en la locación para que el inquilino pueda reubicarse debiendo éste pagar mensualmente una suma igual a la del último alquiler abonado”.

Además, en coincidencia con la propuesta de diputados, el locador debería dar aviso de la voluntad de renovar el contrato, 60 días antes de que finalice el mismo. Si esto no se llevara a cabo, para Marini debería “haber una sanción para el propietario” y por otro lado, entre otras de las obligaciones, deberá registrar los contratos en un registro federal que se creará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, y se le prohibirá “trasladar al inquilino los gastos de los servicios de luz, gas, teléfono, aguas, las expensas ordinarias, los gastos extraordinarios y los impuestos”.



dju / dju
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