El Consejo de la Magistratura tenía pensado aprobar este miércoles el proyecto de presupuesto 2009 y para ello se convocó a una sesión extraordinaria, pero los consejeros que representan al Congreso expresaron que el arduo debate parlamentario por las retenciones les impidió estudiar en profundidad el tema y finalmente la aprobación de los números que financiarán a la justicia nacional y federal el próximo año se postergó para ser tratado el 14 de agosto en una nueva reunión especial.
De acuerdo a la propuesta elevada por la administradora general del Poder Judicial, Cristina Akmentins, para 2009 se necesitaría un presupuesto de 2.532.635.511 pesos, unos 600 millones más que la partido de 1.892 millones otorgada por el Ejecutivo para este año.
El plenario extraordinario había sido convocado el jueves pasado por el presidente del Consejo, Mariano Candioti, quien había señalado la necesidad de considerar esas cifras y aprobar el presupuesto antes del comienzo de la feria para remitirlo a la Corte Suprema y elevarlo definitivamente antes del 31 de julio, que era en principio el plazo fijado por el Ejecutivo. Sin embargo, las circunstancias llevaron a dilatar la cuestión.
Fue el senador oficialista Marcelo Fuentes quien tomó la voz cantante y pidió la postergación del tema “en función de un conocimiento mayor”. Y ante ello acompañaron los demás consejeros. “La idea es que el proyecto tenga el máximo consenso”, remarcó Candioti, mientras que el abogado Pablo Mosca destacó la importancia de su tratamiento: “Es uno de los puntos de mayor atención que éste órgano debe tratar”, dijo.
Por su parte, el diputado Carlos Kunkel fue quien rompió con el tono conciliador del pedido de Fuentes y mostró su disconformidad con los “apuros” para aprobar de urgencia el presupuesto. “Vienen las urgencias y hay que aprobarlo en seis horas, es una metodología que no hace al fortalecimiento institucional”, dijo el kirchnerista, mientras que también se quejó porque no han sido consultados para redactar el proyecto.
En cuanto al presupuesto en sí, Akmentins explicó que el mismo tiene en cuenta la dotación de personal e infraestructura de nuevos juzgados y tribunales que si bien no están habilitados ya están en proceso de selección, como así también se prevé todo lo necesario para la puesta en funcionamiento de la nueva Cámara Nacional de Casación.
Respecto a la incorporación de tecnología, el presupuesto pretende continuar con el desarrollo del sistema informático en el marco de las “Bases para la Informatización del Poder Judicial de la Nación”, aprobado oportunamente por el Consejo, para lo que se proponen partidas tendientes a la compra de software.
El año pasado, el Consejo y la Corte enviaron un presupuesto de 2.344.314.725 millones de peso, pero el Poder Ejecutivo recortó esa cifra en más de 450 millones
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