La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura volvió a postergar este jueves el tratamiento del expediente seguido contra el juez federal de Campana Federico Faggionatto Márquez y ya lleva dos meses dilatando la votación para definir si el magistrado es citado o no a declarar como acusado de mal desempeño por su actuación irregular en unas 17 causas.
Oficialmente, la postergación del tema fue a instancias de la diputada Diana Conti, que anunció un nuevo pedido de pruebas en el marco de la investigación que el senador Ernesto Sanz cerró en mayo pasado. La consejera oficialista indicó que solicitará a la Cámara Federal de San Martín que remita una serie de expedientes en los que el tribunal denunció a Faggionatto por retardo de justicia.
De todos modos, esa no parece ser la única razón por la cual los consejeros no someten a consideración el pedido de citación por el artículo 20 del reglamento. Fuentes del Consejo indicaron que la nueva postergación se debería también a que desde la vocalía de Sanz aún no consiguieron la mayoría necesaria para aprobar el dictamen y que la idea es seguir trabajando en ese sentido en estos días porque estaría faltando un sólo voto.
Sanz presentó el pasado 15 de mayo el dictamen en el que sostiene que las conductas endilgadas a Faggionatto Márquez son, prima facie, causal de mal desempeño y por eso pidió que se llamado a declarar para que haga su descargo como acusado. En ese dictamen, el magistrado es sospechado por presuntas irregularidades en unas 17 causas, que van desde presunto enriquecimiento ilícito y protección a narcotraficantes hasta armados de causas y retraso de justicia.
Entre otras cosas, Sanz relata en el escrito, que cerró un expediente que alcanzó los ocho cuerpos y más de 1600 fojas, que Faggionatto Márquez habría dispuesto la detención de una serie de personas que se hallaban prófugas y a las que, según comentarios de personal de Gendarmería, se les habría exigido la suma de setenta mil pesos para que el magistrado les otorgue la libertad.
Así, el pedido de citación al magistrado sostiene que “sea que fuere comprobada la existencia de una supuesta asociación ilícita integrada por el magistrado, las maniobras extorsivas que de ella surgirían, o la simple inactividad del juez en la dirección del juzgado con la consecuente afectación al servicio de la administración de justicia, lo cierto es que cada uno de esos actos importa, en lo esencial, una gravísima afectación a la institución judicial cuya trascendencia no puede dejar de ser vista aún ante su mera sospecha”.
Faggionatto Márquez se hizo cargo del único juzgado federal de Campana a fines de 2001, y desde 2005 comenzó a ser investigado por una fiscalía por su supuesta vinculación con una “Red de Corrupción Organizada dedicada a la Extorsión; a través de ‘Causas Fabricadas’; para así poder brindar las soluciones a cambio de excesivas sumas de dinero”. Ello derivó en una causa penal en su contra que tramita en la Cámara Federal de San Martín y en el pedido de juicio político.
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