“Sin la intención de interferir de ninguna manera en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, en el que reside por excelencia la representatividad popular, no se puede dejar de advertir con suma preocupación que la sanción acelerada de leyes conspira contra garantías constitucionales, como el derecho a la información consagrado por el art. 12, inc. 4º, de la ley fundamental local, lo que conlleva la necesidad de un amplio debate”, comenzó diciendo el Colegio.
“No es sólo por su extremada aceleración – que puede deberse a problemas económico-financieros que afectan realmente al Estado -, sino también porque, al introducirse modificaciones al propio proyecto original del Poder Ejecutivo, se afectan profundamente las relaciones contractuales y el ejercicio profesional, con notoria incidencia en un servicio indispensable para la sociedad”, agregó la entidad que nuclea a 40 mil abogado de toda la provincia.
El jueves pasado el Senado y la Cámara de Diputados, en un mismo día, aprobaron la reforma impositiva que aumenta los gravámenes para las grandes industrias y comercios de la provincia.
La ley lleva del 3 al 4,5 por ciento el impuesto a los ingresos brutos de los comercios con una facturación superior a 30 millones de pesos. Para las industrias con ingresos mayores a los 60 millones el impuesto será del 1 por ciento. También se eleva del 1,5 al 3 por ciento el gravamen para las no están radicadas en territorio bonaerense pero que venden sus productos allí.
Por otra parte, la reforma le permite a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) para controlar que el sector agropecuario cumpla el pago de ingresos brutos.
Para los abogados la falta de consulta a los diversos sectores no ayudan a una mejora en la sanción de las leyes. “No contribuyen a una mejor técnica legislativa y motivan una inquietud que comparten quienes desenvuelven su actividad en un momento de crisis, para cuya superación se requiere, sobre todo, sentido común y análisis sereno y responsable”, concluyó el Colegio.