El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Carlos Alberto Andreucci, expresó que es relevante la necesidad de que “se prevean los recursos presupuestarios necesarios y las estructuras de organización para que este sistema pueda implementarse”. Entre ellos, destacó la capacitación de los recursos humanos para evitar el fracaso de la puesta en marcha de esta reforma. También enfatizó que un sistema que viene tiene que mejorar el que está, pero que “los cambios legislativos no son suficientes para resolver los problemas de la justicia.”
Aclaró que “es vital tener en cuenta la experiencia de la provincia de Buenos Aires, donde el modelo se implementó, y se demuestra en la práctica, un problema estructural y colapsarte de los fiscales, y de los jueces de garantías, demostrándose una complejidad tanto en al cantidad como en la calidad. Esto es una prueba importante de la experiencia que debe ser recogida para evitar vicios”, indicando que la FACA no está en contra, sino que brinda una advertencia, “para evitar una expectativa que culmine en frustración en su implementación.”
Por otro lado, el abogado penalista Oscar A. Pelliconi, argumentó que como está instrumentada la normativa, el efecto que se quiere conseguir es el contrario al que se va a lograr, porque prácticamente duplicaría el tiempo que demanda la resolución de cualquier apelación. A ello, añadió que “se puede implementar esta nueva ley, pero en la práctica va a ser un caos porque no se cuenta con los elementos materiales ni con la infraestructura necesaria.”
Destacó a su vez, que lo bueno que tiene esta reforma, es que permite una mayor “transparencia” y más control de los actos de gobierno. Sin embargo, resaltó que aunque no está mal que esté proyectada de esta manera, “en la práctica no hay posibilidades materiales que los jueces lo hagan.”
En este mismo sentido, el letrado penalista Julio Golodny, alegó que es verdad que no se puede esperar a tener lo necesario para que todo salga perfecto, pero que pasamos del banco al negro y nos olvidamos de los grises: “no hay norma transitoria ni solución intermedia que permita hace una reforma progresiva”, ya que se debió contemplar “un proceso de transición.”
En referencia a lo expuesto, sostuvo que “así como está la ley, es imposible implementar la reforma. No se puede poner en marcha sin una norma intermedia que establezca una situación de transición”. Luego explicó que un ejemplo de ello, sería que hasta que se cuente con el equipamiento necesario para grabar las audiencias, el secretario podría librar un acta que de cuenta de lo actuado en la audiencia, previa conformidad de las partes.
Asimismo en representación del Ministerio Público, un Fiscal Nacional de Instrucción, indicó que nunca vamos a estar en un 100 % antes de empezar, aunque en este caso faltan varias cosas fundamentales. Denunció que “no están dadas las condiciones, y no sólo las presupuestarias, ya que además falta formación de las personas encargadas de implementarlas”, agregando que toda reforma requiere de una inversión, y que “no es posible implementarla en tan poco tiempo, especialmente por falta de consenso.”
Sobre el asunto, también manifestó que “la reforma es un parche a un código que no sirve, ya que está caduco en un montón de cosas”, explicando a su vez, que en principio, la oralidad en las apelaciones es buena, ya que sirve para que los fiscales, defensores y funcionarios se muevan y trabajen más. Pero que en este contexto, “es otro engaño a la sociedad que la reforma va a solucionar todos los problemas del sistema actual. Es otro parche más a mitad de camino.”
Como se puede comprobar, diversas voces se levantan en torno al tema, aunque la mayoría coincide en que la intensión es buena, aunque los medios son escasos para implementar cambios de estas características en tan corto tiempo. Entonces, ¿serán los jueces o los abogados quienes tengan que poner dinero de sus bolsillos para tener los elementos necesarios?