En el escrito, también exigen al Papado el reconocimiento de los bienes incautados en el siglo XIV, que en la actualidad han valorado en unos 100 mil millones de euros. Según la asociación, los templarios tenían nueve mil propiedades en parte de Europa, además de numerosos derechos sobre tierras y pastos comunales, molinos y otros aranceles comerciales y portuarios.
Sin embargo, destacaron que no requirieron la restitución de dichos bienes, a raíz de que expresaron no tener intención "de producir la quiebra de la Iglesia Romana”, agregando que con su pedido buscan que el tribunal pueda “hacerse una idea de la operación tramada contra la orden".
La denuncia se interpuso en un juzgado de Madrid en contra del actual Pontífice por ser el sucesor de Clemente V, quien en 1307 la disolvió por presión del entonces rey de Francia Felipe “el Hermoso”.
En este momento, está pendiente de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid, después de que no fuera admitida a trámite en primera instancia. En su primer auto, la juez rechazó el escrito alegando falta de jurisdicción, al entender que no correspondía a su tribunal pronunciarse sobre hechos ocurridos hace 700 años, y que eso es “materia de historiadores”.
En el momento de disolución de la Orden de los Templarios, la agrupación contaba con 15.000 miembros y tenía posesiones en los territorios actuales de España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Polonia.
Diversas historias giraron en torno a esta agrupación militar cristiana, que tuvo una gran incidencia en las Cruzadas, donde culminó su apoyo con la pérdida de “Tierra Santa”, dando lugar a relatos que han perdurado por los años. La brusca desaparición de agrupación generó numerosas especulaciones y leyendas, que han mantenido vivo el nombre de los Caballeros Templarios hasta la actualidad.