La Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura de Chaco analizará en sus próximas reuniones un pedido de juicio político contra los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y su procurador general por haber comprado terrenos para el Poder Judicial que estarían fuera del comercio por haber sido declarados patrimonio histórico nacional.
La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Gait y la misma ya fue admitida por los quince integrantes de la Sala Acusadora, que giró las actuaciones a la Comisión Investigadora para que en un plazo de 90 días emita un dictamen sobre las acusaciones contra los jueces Alberto Modi, Rolando Toledo, María Luisa Lucas, Ramón Avalos, Ricardo Franco y el procurador Jorge Canteros.
La cuestionada compraventa habría sido celebrada por el máximo tribunal con la Municipalidad de Resistencia en 1989, tres años después de que el Ministerio de Educación de la Nación declara las tierras, que pertenecían al ex Ferrocarril Santa Fe, monumento histórico nacional.
“Al ser un monumento histórico nacional, las tres manzanas se convirtieron en un bien fuera del comercio, y no podían se vendidas. No se puede construir, ni se puede modificar su estado, sin previa y expresa autorización de la Secretaría de Cultura de la Nación”, explica la denuncia, mientras que en diálogo con Diario Judicial Gait sostuvo que “se trata de un hecho de inseguridad jurídica porque el mismo Poder Judicial inscribe ilegalmente un bien que estaba fuera del comercia”.
Según el denunciante, “los Jueces no pudieron desconocer que se trataba de tierras fiscales nacionales pertenecientes al Tesoro Nacional”, por lo que entiende que los jueces deben ser investigados por “manifiesta e inexcusable ignorancia del derecho”, por realizar “actos fraudulentos en perjuicio del patrimonio del Estado Nacional, por “falsedad ideológica en instrumentos públicos e inscripciones falsas en el Registro de la Propiedad Inmueble”, por “usurpación de bienes” y por “invadir y destruir el patrimonio cultural”.
De todos modos, hay que señalar que como ha variado la composición del Superior Tribunal desde el momento de la cuestionada contratación hasta hoy, Gait pide que se determine la responsabilidad de cada uno de los denunciados en calidad de autores y cómplices, encubridores o partícipes necesarios.
En abril último, la Sala Acusadora había rechazado “in límine” otro pedido de juicio político contra los miembros del TSJ, que en esa oportunidad habían sido denunciados por utilizar la estructura judicial en beneficio propio al iniciar una querella por calumnias e injurias contra un ciudadano a través de la representación de un defensor oficial de pobres y ausentes.
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