Astete pidió “poner en la mira a todos aquellos que han venido a la legislatura convocados como testigos y han tratado de defender lo indefendible, porque esos eran los aliados que tenia el Procurador General para actuar en consecuencia como lo venia haciendo”. Agregó, en declaraciones a FM Del Lago, que todos los fiscales “van a tener que poner las barbas en remojo” y también habló de “la existencia de listas negras de fiscales”.
La respuesta no se hizo esperar. Tanto fiscales de Chubut y de otras provincias como jueces repudiaron los dichos y se solidarizaron con los representantes del Ministerio Público.
El Consejo de Fiscales de la Provincia del Chubut sostuvo el lunes pasado a través de un comunicado que las expresiones del diputado “recuerdan patéticamente gobiernos dictatoriales, por eso hacemos saber que nuestra función responde a parámetros legales y que solo la ley rige nuestro accionar” y recordó que todos los que declararon en el juicio lo hicieron “bajo juramento y con el apercibimiento del delito de falso testimonio”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales sostuvo que las expresiones de diputado son una “clara amenaza de estilo dictatorial”. “Es convicción de esta Asociación que las declaraciones de Astete cabe encuadrarlas en la ya incontrastable decisión política de llevar a cabo un desprestigio sistemático y constante del Poder Judicial por parte de algunos dirigentes políticos”, agregó la institución.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal recibieron también el apoyo del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que calificó como “gravísima” la situación de los fiscales de Chubut y que se trata de “un verdadero escándalo institucional en el que el silencio de la cabeza de los Poderes, en especial el Judicial, resultaría como mínimo, inadmisible”.
“Que como esta Presidencia del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina , ha dicho con anterioridad, es imprescindible se evite que en cada una de las Jurisdicciones se verifique la llamada Democracia Delegativa, donde se anula al Legislativo e intenta dominar al Judicial”, sostiene la carta que el presidente del Consejo y fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani, le envió este miércoles a su par subrogante de Chubut, Alejandro Franco.
Las relaciones entre el Gobierno y la Justicia son tensas hace varios meses. Pero la destitución de la semana pasada por mal desempeño de sus funciones del Procurador General elevó el enfrentamiento. Samamé acusó al gobernador justicialista Mario Das Neves de controlar la Justicia y decidir su destitución.
“Acá el que decide en general en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, con los 21 votos que tiene, es el gobernador de la provincia de Chubut”, dijo Samamé. “Esto es un avance sobre la independencia del ministerio Público Fiscal y además es una advertencia durísima la resto de los integrantes del Poder Judicial”, agregó el ahora ex funcionario judicial.
El cruce verbal cruzó el umbral de las declaraciones y llegó al de amenazas. Quien las recibió fue la jefa de fiscales de Comodoro Rivadavia, Adriana Ibáñez, quien denunció que recibió dos mensajes de texto intimidatorios en su celular.
“Condiciones” y “andá buscando otro laburo”, decían los mensajes que denunció Ibáñez quien dijo sentirse amenazada y coaccionada y relacionó el hecho con su declaración en el juicio político y las posteriores declaraciones del diputado provincial.
Ibáñez recibió el apoyo de todos sus pares de Comodoro Rivadavia. Los fiscales de la ciudad hicieron pública una carta que le enviaron a Ibáñez el jueves en la que apelaron a la sociedad para que tome “conciencia de la importancia que tiene el respeto por la División de Poderes y que sea la propia ciudadanía quien rechace y castigue fuertemente cualquier injerencia del Poder Político en el Poder Judicial”.
También resaltaron la “honestidad y seriedad” de Ibáñez y afirmaron que “sólo la división e independencia de los poderes puede poner límite a las pretensiones de las mayorías políticas y proteger así los derechos de las minorías, sólo el Poder Judicial puede tomar decisiones que contradigan la voluntad del poder político”.