Para las autoridades norteamericanas, el acusado cometió un "delito malicioso" cuando perpetró el mayor ataque informático experimentado por los sistemas del Ejército, al punto de que advirtieron de que sin su cooperación y de no haberse declarado culpable, el caso podría haber sido tratado como terrorismo. El imputado podría ser condenado a una pena máxima de 70 años de prisión y una multa millonaria.
N los tribunales ni el Gobierno británicos han atendido las apelaciones de Gary McKinnon, el famoso “hacker del Pentágono” para evitar su extradición, alegando que en la prisión norteamericana padecería condiciones inhumanas. Su última oportunidad, no tuvo una buena recepción, luego de que a fines de agosto, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo denegara también la petición y lo convertía en el primer hacker extraditado a Estados Unidos.
Las autoridades de ese país, le acusan de acceder entre febrero de 2001 y marzo de 2002, a 97 computadoras de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA), el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea estadounidense, con el objetivo, según la acusación, de intimidar al Gobierno. Sin embargo, según el propio acusado, su intención era buscar información sobre los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS). Se estima que causó daños de hasta 700.000 dólares.
Aunque las autoridades le negaron su apoyo, en Internet hubo una gran campaña para evitar su extradición. En el Reino Unido, sus defensores organizaron manifestaciones ante el Ministerio del Interior y consiguieron apoyo de políticos, juntaron firmas, entre otras cuestiones, pero dichos intentos no dieron los resultados esperados, y McKinnon enfrentará un duro juicio por violar información reservada.
La Unidad de Crimen Tecnológico detuvo al imputado en noviembre de 2002. En su momento, el acusado reconoció los hechos, y se le ofreció una condena menor si aceptaba ser juzgado en Estados Unidos, pero él lo rechazó y el caso quedó en suspenso hasta 2005, cuando se pidió su extradición.
Durante seis años McKinnon ha estado en libertad bajo fianza, sin poder usar móviles ni Internet, excepto una cuenta de correo monitorizada. Sus abogados habían alegado que enviarlo al país norteamericano, vulneraría sus derechos humanos porque sería juzgado teniendo en cuenta su nacionalidad o sus opiniones políticas.