De ese modo Cataluña, que tiene transferidas las competencias de política penitenciaria desde 1984, da un paso antes que la anunciada reforma del Código Penal del Gobierno que, según lo anunciado por los Ministerios de Interior y Justicia, incluirá entre las novedades tratamientos de inhibición del deseo sexual para los violadores.
La castración química voluntaria fue propuesta por la comisión de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes presidida por el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena. Los equipos de tratamiento de las prisiones están analizando aplicar este método dependiendo de la idoneidad del preso. Esta herramienta sería utilizada sobre los prisioneros que estén en el tramo final del cumplimiento de su condena.
La misma comisión que analiza la inhibición sexual también propuso crear registros con el ADN de los condenados por delitos graves, que puedan ser consultadas por todas las fuerzas de seguridad, y la “vigilancia de conducta”, para controlar a los excarcelados que presenten un alto riesgo de reincidencia. Para esta innovación se deberán modificar la Ley Orgánica de 2007 sobre bases de datos policiales de ADN, como del Código Penal, para poder incluir el nuevo tipo de tutela como un instrumento de control.
En otro punto del globo, el Congresista de Perú, Yonhy Lescano exigió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento debatir y aprobar el proyecto de ley que agrega la castración química a la pena privativa de la libertad para los violadores. Entre las estadísticas que comentó el legislador, el método redujo en Francia, hasta en un 70 este tipo de agresión desde el 2004, año en que se comenzó a aplicar.
En contraposición, a Inglaterra, el Congreso Argentino está siendo protagonista del debate acerca de la posible creación de un registro de los condenados por delitos contra la integridad sexual el cual contendría información genética de los mismos. Por un lado, la comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja está tratando las ocho propuestas referentes a la temática, entre las cuales se destaca la de la diputada Nora César.
Por otro lado, el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta se reunieron la semana pasada para debatir la iniciativa elaborada la senadora Haydeé Giri, que propone crear en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad el Registro Especial de Huellas Genéticas y la de Adriana Bortolozzi que pretende crear el Registro Nacional de Condenados por Abuso Sexual y el Banco de Datos Genéticos de Penados por Delitos Sexuales.