La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llamó a concurso público para cubrir 28 cargos en los tribunales provinciales. Las vacantes son para diversos puestos de jerarquía judicial y administrativa (el listado de todos ellos se puede leer en el archivo adjunto de esta sección). Entre los cargos se destacan el de fiscal para los Tribunales de la ciudad de Santa Fe y los de secretario de Cámara de Apelaciones de Santa Fe, y de primera instancia para los tribunales de Rafaela, San Justo y Villa Ocampo. La inscripción a los concursos comienza el próximo lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. La inscripción se realiza en la sede de la Corte Suprema en la ciudad de Santa Fe (San Jerónimo 1551) o en la de Rosario (Balcarce 1651). Más información se puede consultar en la pagina web del Poder Judicial de la provincia.
Una larga espera
Se presume que la Corte de La Haya emitirá el fallo por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos a comienzos de 2010, y no el próximo año como inicialmente se estimó, según manifestaciones de autoridades uruguayas. El retraso se debe a que la Corte internacional postergó para septiembre del año próximo el inicio de las audiencias orales, las cuales durarán aproximadamente dos semanas. En las mismas, expondrán Argentina y Uruguay, donde posteriormente volverán a presentarse en otra ronda. Una vez cumplida esta instancia, se presume que la Corte se tomará el tiempo para deliberar la sentencia y emitir el fallo. Esta noticia se suma a la conmemoración de los 5 años de protestas de los habitantes de Gualeguaychú por la instalación de la papelera.
Sin pruebas suficientes
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dispuso la falta de mérito para el almirante Godoy y su segundo, almirante Benito Rótolo, en una causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew, en la provincia de Chubut. El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue acusado de intentar destruir documentos de inteligencia que serían de importancia para la causa de espionaje en la Base Almirante Zar. El caso comenzó en marzo de 2006, cuando la Justicia allanó diversas bases navales y encontró fichas de inteligencia política. El Gobierno separó a dos altos oficiales, pero no removió a la cúpula. Los doce marinos imputados fueron procesados el año pasado.
El juez Malde declaró la quiebra de la asociación propietaria del hospital
El juez en lo comercial Eduardo Emilio Malde declaró este lunes la quiebra de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, propietaria del Hospital Francés. El magistrado fijó la audiencia para el 15 de octubre para que representantes del Estado, gremiales, de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el interventor del ente, Carlos Castrillón, opinen sobre el depósito y guarda de las historias clínicas y la situación de los trabajadores y afiliados. Otra audiencia, prevista para el miércoles de esta semana tendrá como objetivo el sorteo del síndico de la quiebra. El juez dispuso la quiebra al vencimiento, sin resultado positivo, del plazo que tenía la entidad para lograr la aprobación de la propuesta de pago que presentó. Malde decidió, por el momento, designar escribanos, porque la mayoría de los bienes muebles ya se encuentran expropiados y los restantes existentes se encontrarían inventariados al tiempo de la entrega de la posesión de aquellos al Ministerio de Salud de la Nación.
Realizarán conferencia sobre legítima defensa
El instituto jurídico “Legítima Defensa” realizará el próximo viernes 17 de octubre a las 17 una conferencia sobre el tema en el Colegio Público de Abogado de la Capital Federal (Corrientes 1441). Los temas que se abordarán son el “Concepto Jusnaturalista y Positivo”, “Elementos de la Legítima Defensa”, “Legítima Defensa Propia y de Terceros” y el “Sistema de la Carga de Prueba”, entre otros. El expositor será el director del instituto, Jorge Frank, y la coordinación de la conferencia estará a cargo de Mabel Lovecchio. La entrada es libre.
El titular de la ANSeS aseguró que va a haber menso litigiosidad por las jubilaciones
El titular de la ANSeS, Amado Boudou precisó que la medida implica un incremento de casi 57% respecto de las 25.500 sentencias que se prevén cancelar en 2008. En la cifra final influye la retroactividad por el tiempo transcurrido y también el impacto de los intereses acumulados. Además, a estos jubilados, la ANSeS deberá reajustarles los haberes que están cobrando en la actualidad de acuerdo con los nuevos valores que queden estipulados en las sentencias correspondientes. De las estadísticas oficiales surge que --de cumplirse lo proyectado-- entre 2003 y 2009 se habrán cancelado en total unas 170.000 sentencias. Además, el funcionario pronosticó una progresiva desaparición de la litigiosidad ante la decisión de la ANSeS de no apelar las sentencias