La decisión fue tomada ayer por el cuerpo y trascendió hoy, tras lo cual Boitano no sólo retomará su rol activo de magistrado, sino que se le hará efectivo el pago del 40 por ciento de los salarios que tuvo embargados durante el lapso se su suspensión, un monto superior a los cien mil pesos.
La resolución fue adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento que preside el titular de la Suprema Corte, Guillermo San Martín y que además integran los diputados Carlos Miguel Díaz (PJ), Silvia Ferrara (PUB), Graciela De Leo (UCR) y los conjueces abogados Ramiro Pérez Duhalde, Antonio Cortina y Carlos Alberto Kunzmann.
Por unanimidad, ese cuerpo resolvió que en atención a lo dispuesto por la la cámara de apelaciones y Garantías de San Martín en la causa penal contra Botinao, la 32322, que lo declaró absuelto de culpa y cargo había que "disponer el levantamiento de la suspensión" y hacer lugar a "las consecuencias económicas" que genere la reincorporación.
En este sentido, se "desembargan" los fondos retenidos del Juez, un cuarenta por ciento de los salarios caidos durante el lapso que demandó la suspensión, con la actualización correspondiente, una suma superior a los cien mil pesos.
Tal suspensión había sido ordenada por resolución de ese mismo tribunal, con fecha 2 de marzo de 1995, es decir hace más de cinco años.
Boitano estaba imputado ante el juzgado penal 10 de San Martín a raíz de una denuncia del abogado particular de ese distrito, Víctor Gornatti Fontanet, quien lo acusó de "asesoramiento" a un imputado en una causa, hecho que habría sido captado mediante sistema de audio y cámara oculta en un bar y en el cual, al decir del denunciante, también se configuraba el "encubrimiento" del presunto asesorado.
Sin embargo la sustanciación de la causa penal arrojó un fallo absolutorio, dado que la cámara de apelación y Garantías señaló que la conducta y acción de Boitano "no llegaba a configurar "encubrimiento".
El jurado admitió la decisión judicial de la cámara -que actuó en forma previa a la sustanciación del jury por tratarse de un delito ajeno a la función pública- pero decidió seguir las actuaciones respecto de la conducta de Boitano y a tal efecto decidió remitir el expediente al Procurador General Eduardo Matías de la Cruz.
El titular del Ministerio Público provincial deberá decidir si hay motivos para acusar a Boitano ante el Jurado o desistir y archivar las actuaciones administrativas generadas a raíz de la denuncia de Gornatti Fontanet.