El titular de la primera de las iniciativas es el diputado nacional Miguel Bonasso, el cual presentó un proyecto de ley referido a representación sindical. La propuesta, tiene por finalidad sustituir el artículo 41 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, porque “exige a los delegados del personal y a los integrantes de las comisiones internas a estar afiliados a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados por esta.”
En el escrito, se propone que “para ejercer funciones sindicales se requiera estar afiliado a una asociación sindical con ámbito de actuación en la empresa, y ser elegido en comicios convocados por está, en el lugar donde se presten los servicios o con relación a la cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer”.
También se exige que los candidatos a delegados deberán contar con una antigüedad mínima de un año de afiliado en el sindicato respectivo, como así también ser mayor de 18 años y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.
En los fundamentos del mismo, se puntualiza que lo que se busca, “es adecuar nuestra legislación positiva a la normativa de orden supralegal y constitucional vigente, a los efectos de dotar al ordenamiento de validez material y asegurar la efectiva vigencia de la Libertad Sindical, a la luz de los postulados que informan nuestro sistema de derechos fundamentales del trabajo desde el ámbito internacional.”
La segunda propuesta, presentada por el diputado nacional Ariel Basteiro, es un “proyecto de declaración”, buscando que la Cámara Baja declare “su profundo beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa la inconstitucionalidad del Art. 41 Inc. a de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, reivindicando así la libertad sindical como un principio fundante del derecho laboral argentino.”
El diputado sostuvo que la resolución de la Corte Suprema "abre una perspectiva absolutamente diferente para los trabajadores, ya que la libertad sindical, la libertad de afiliación y la posibilidad de presentarse a elecciones para cargos representativos, será ahora un derecho de todos y no sólo de unos pocos”, añadiendo que el fallo representa un hecho histórico que marca un antes y un después en las luchas que ha venido dando la clase trabajadora durante los últimos años en nuestro país.
Además, indicó que la decisión del Máximo Tribunal, “deja sentado un mojón trascendental para el movimiento obrero argentino, que ve cómo el ejercicio de la libertad gremial deja de ser una mera consigna para transformarse en una realidad”, agregando que esto al mismo tiempo representa un logro para el conjunto de nuestra sociedad, que consigue un nuevo triunfo en la consolidación de los derechos sociales.
Por último, el funcionario explicó que cree que la semana que viene, van a presentar un proyecto de ley para adecuar lo resulto por al Corte con la legislación actual, aclarando que “hay que adaptar una modalidad de armado para la instrumentación de la medida, que se adapte la legislación argentina a los convenios de la OIT.”
En relación a ello, alegó que "lo que hay que adecuar es un articulado que permita la existencia de organizaciones sindicales de diferentes orígenes, pero que todas ellas traten de fortalecer la libertad sindical, y no debilitarla".
La reacción de la CGTEl secretario de prensa de la central obrera, Héctor Daer, pidió "una solución política" respecto al fallo de la Corte sobre libertad sindical porque "entra en colisión con las estructuras sindicales". En el mismo sentido había opinado Hugo Moyano, que pidió una solución a través de la intervención del Congreso. A su vez, el diputado Héctor Recalde sostuvo que "la Corte reivindica el tema de la personería gremial. Lo único que ha hecho es declarar inconstitucional un artículo de la ley que pueden generar problemas de aplicación en el ámbito privado". El abogado laboralista definió al fallo de la Corte como "una caja de Pandora".
La primera reacción de los popes sindicales había sido muy contraria a lo dispuesto por el Máximo Tribunal, pero hoy, un poco más tranquilos tanto Moyano como Daer, si bien se mostraron en desacuerdo, remarcaron que la decisión debía ser respetada y pidieron una solución política.