Según el proyecto, la tarea del fiscal ambiental se avocará a “ejercer la tutela preventiva del Medio Ambiente”, y entre sus facultades, podrá intervenir en el trámite de emisión del Certificado de Aptitud Ambiental ante los organismos públicos de Salta.
Asimismo plantea que puedan recibir denuncias sobre daños al medio ambiente y a su vez solicitar informes a organismos de la provincia y de la Nación. Incluso, podrán “coadyuvar con los agentes fiscales correccionales” en casos de delitos de incendio, vinculados a la actividad nuclear, envenenamiento o alteración de las aguas. También estima abarcar sus funciones a aquellos delitos de “violación de medidas para impedir una epidemia”, “delitos de violación a reglas de policía sanitaria animal” y aquellos vinculados a la propagación de enfermedades.
A su vez el proyecto propone que la fiscalía de medio ambiente pueda celebrar convenios con instituciones, como pueden ser Universidades, Escuelas Tecnológicas, Centro de Investigación gubernamentales y no gubernamentales, entre otros.
Para defender el derecho de los usuarios, el fiscal tendrá la posibilidad de recepcionar denuncias “sobre actos u omisiones”, y luego emitir un dictamen ante la autoridad administrativa.
“Las Fiscalías deberán tener el apoyo de un equipo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales o expertos en las distintas temáticas comprendidas en las referidas incumbencias”, según el proyecto de Vittar, quien también prevé que, en caso de ser sancionada la Ley, dichos agentes fiscales puedan contar “con el apoyo de auxiliares letrados y administrativos”.
Vittar, quien actualmente se candidatea para asumir como juez de la Corte de la provincia, presentó el proyecto, luego que en Salta se desarrollara la Cuarta Jornada Latinoamericana sobre Medio Ambiente, la cual tuvo lugar en agosto último.