Bagnasco, quien investiga la existencia de un plan sistemático implementado durante el último régimen militar para la sustracción y supresión de identidad de bebés nacidos en cautiverio, recibió hoy el testimonio de siete personas que comprometieron seriamente al dos veces gobernador de Tucumán y diputado electo por esa provincia.
Diputados de la Alianza impugnarán el próximo miércoles la asunción de Bussi como legislador, argumentando que el militar retirado se amparará en sus fueros parlamentarios para eludir las causas judiciales en su contra.
Los hechos que se le imputan a Bussi ocurrieron en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiendo en Córdoba, y cuando ocupaba el cargo de gobernador, dependiendo por entonces del general Luciano Benjamín Menéndez.
Antonio Cruz, involucró a Bussi en los hechos ocurridos en un campo de concentración conocido como "El Reformatorio" donde, según recordó, se torturaba a los prisioneros "con la música de la Misa Criolla para que no se escucharan los gritos de los detenidos".
Cruz también cree recordar la presencia en ese centro clandestino de la hermana de otra de las testigos, Ana María Moavro, quien confirmó que su familiar fue secuestrada cuando estaba embarazada. El ex integrante de la fuerza de seguridad estimó que el bebe habría sido entregado a un sargento ayudante de apellido Aguirre "que era evangelista".
También se escucharon los dichos de los hermanos Walter y Nancy Alarcón, quienes cuando eran pequeños permanecieron secuestrados y luego abandonados en la Plaza 9 de Julio en el centro de la capital tucumana.
Los testigos explicaron que fueron secuestrados junto con sus familiares, y que aún continúan desaparecidos sus abuelos, sus padres y la hermanita menor de ambos.
Todos los testigos coincidieron en señalar que Bussi "no podía desconocer estos hechos" por lo que ahora Bagnasco evalúa la posibilidad pedir el desafuero del diputado electo y llamarlo a indagatoria.
En esta causa se encuentran procesados y cumpliendo arresto domiciliario los ex comandantes Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera, así como también el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, estos dos últimos acusados por haber dispuesto normas que facilitaron la destrucción de la documentación referida a la represión ilegal.
El próximo viernes, fue citado a declarar en esta misma causa el ex jefe del primer cuerpo de Ejército, el exonerado general Guillermo Suarez Mason, ya que en su jurisdicción funcionó una maternidad clandestina que operó en el centro de epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo.