Gilardi de Negre sostuvo que a partir de la prueba aportada, se advirtió que las construcciones realizadas en el predio “carecen de estructuras acordes con la cantidad de plantas edificadas; y no se realizaron cálculos estructurales por profesionales idóneos”.
Además, citó un informe elaborado por la Academia Nacional de Ingeniería que advierte sobre “el peligro que conlleva este tipo de edificación, para la vida, la salud de los propios habitantes del predio, así como para el medio ambiente”.
El 28 de octubre la jueza hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el gobierno de la Ciudad y le ordenó al Estado Nacional y al Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) que “arbitren los medios necesarios para impedir la prosecución de nuevas construcciones en el predio de las Villas 31 y 31 bis, que no cumplan la normativa vigente relacionada con la urbanización, edificación y habilitación de las mismas”.
Así, el 1º de diciembre se celebró una audiencia en la que, según la jueza, “los representantes del ministerio de Justicia reiteraron que el poder de policía en materia de edificaciones y construcciones les resultaba ajeno a su competencia”.
Por lo tanto, Gilardi de Negre dispuso que la Prefectura Naval controle los accesos y solicitó que los funcionarios habilitados, dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realicen inspecciones semanales en el predio, “a fin de verificar el cumplimiento de la medida cautelar ordenada” con el auxilio de la Policía Federal.
La jueza pidió también la confección de informes semanales para la presentación ante su juzgado con el resultado de las inspecciones.