Diariojudicial.com habló con el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Luis Cigogna quién dijo que Fayt “tendría que estar jubilado”, basándose en una norma que fue declarada inconstitucional por la Corte, en la que se expresaba que a pasados los 75 años, los magistradosdebían jubilarse.
Por otra parte ante el pedido del juez de la Corte de nuevas normas procesales a los legisladores, Cigogna expresó que “Los señores jueces de Casación podrían perfectamente, con la legislación vigente, haber emitido una resolución distinta de la que han sacado” ya que las normas “permiten mantener a estos sujetos como corresponde en prisión y no dejarlos en libertad”.
El diputado también agregó que en el Congreso ya “sancionamos no hace mucho una ley estableciendo una serie de modificaciones procesales tendientes a obtener una aceleración en todos estos juicios. La imputación del juez Fayt es no se ajusta a la realidad”
"Hay 800 juicios parados y eso no es culpa nuestra. Es culpa del Congreso. Ese es el verdadero problema. Vayan y ocúpense de eso” dijo Fayt. A lo que Cigogna respondió “es obvio que es culpa de ellos, no creo que sea culpa de él, es culpa de jueces que no son lo suficientemente diligentes y no aplican las normas que podrían aplicar” y agregó “hay jueces que pudiendo hacer una interpretación normativa que agilice los tramites y que permitan la consecución de las causas, actúan morosamente y no llegan a las sentencias en un plazo razonable”
Por su parte, Carlos Kunkel, atribuyó la medida a los sectores “retrógrados” del poder judicial y agregó que no hay razón que pueda justificarlos. En concordancia con esto, el Senado está analizando enviar un proyecto de resolución para repudiar el fallo de la Cámara de Casación.
Además de Astiz y Acosta también la Cámara ordenó la liberación de Raúl Scheller, Jorge Radice, Manuel García Tallada, Víctor Pardo, Antonio Pernías, Néstor Sabio, Eduardo González y Juan Carlos Rolón.
En medio de la polémica, frenan las excarcelaciones
La liberación de los represores excarcelados por la Cámara de Casación, quedó suspendida hoy ante un planteo del fiscal Raúl Pleé, contra esa medida, que buscará llegar a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal presentó este viernes recursos extraordinarios de apelación.
Según Pleé la decisión de Casación "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos". Además para el representante del Ministerio Público, "existen sobradas muestras de la especial capacidad demostrada por los imputados de la comisión de crímenes durante la dictadura para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga".
La Sala II de la Cámara de Casación deberá decidir si habilita la apelación y abre el camino a que el tema sea tratado por el Máximo Tribunal. Si la Cámara rechazara los recursos, todos los represores quedarían en condiciones de salir en libertad y el fiscal tendría como última vía recurrir "en queja" a la Corte Suprema, sin efecto suspensivo.