La idea es que a medida que se vayan traspasando más competencias penales al ámbito de la Justicia de la Ciudad, y la posibilidad de un crecimiento de penas privativas de libertad, contar con recursos para contener a los presos.
La sanción de una Ley de Ejecución Penal es una de las medidas más importantes que propone dicha Comisión del Consejo. “Esta legislación deberá ser superadora de la ley nacional de ejecución penal (ley 24.660), la cual representa sólo un estándar federal mínimo que reglamenta el programa constitucional en materia de ejecución de la pena privativa de la libertad”. Según consideran, esa nueva norma debe contemplar “la cantidad de plazas disponibles de cada lugar” y debe servir “como estándar míninimo de garantías”. Además, estipula que una “magistratura específica de ejecución penal” para garantizar la ejecución y cumplimiento de las penas.
El documento intentará darle un fuerte impulso a la creación del Procurador Penitenciario de la Ciudad, el cual debe ser “un organismo especializado en la protección de los derechos humanos de los internos”. “El procurador, deberá ser designado por concurso y ser un profesional del derecho, que posea una sólida trayectoria académica y antecedentes específicos en materia penitenciaria”, establece la iniciativa.
Entre las medidas, se encuentran la de “abandonar la idea de cárceles monumentales, las cuales fomentan la completa despersonalización de los internos y de su personal, pensando en modelos descentralizados y reducidos”. También se propone que los detenidos estén en lugares cercanos a su lugar de arraigo, con lo cual se facilita “la subsistencia de los lazos familiares”.
También aconseja que una agencia se haga cargo de “coadyuvar y fortalecer” al reo en el proceso de reinserción social al recuperar la libertad. La misma debe estar conformada por personal multidisciplinario y “deberá realizar un trabajo de articulación y coordinación importante con todos los actores sociales y gubernamentales”
Otro de los puntos que fija el documento es darle publicidad en el tema cárceles, para que “la sociedad conozca cómo el estado ejecuta su política pública” en ellas. La idea es que no se hable de las cárceles cuando sólo ocurren hechos como motines o situaciones de violencia.
A su vez, hace fuerte hincapié en la promoción de la salud de las personas detenidas y del trabajo, las actividades recreativas y culturales en las cárceles, y no descuidar los lazos familiares y sociales. El documento propone reforzar la educación en los establecimientos carcelarios, y para ello “debería coordinarse con las autoridades nacionales medidas apropiadas de seguimiento de la instrucción actualmente impartida por sus docentes, impulsando programas de estímulo a continuar en el medio libre los estudios iniciados en prisión”
“Además, podrá pensarse en la implementación de experiencias exitosas en el sistema federal, como el programa UBA XXII, de educación universitaria en las cárceles, mediante el cual las personas privadas de libertad tienen la posibilidad de cursar distintas carreras”, sostiene el texto.
“Todos estos principios implican civilizar, abrir la institución carcelaria, democratizar y asegurar los derechos en las cárceles desde un paradigma inequívoco: ayudar a la reinserción de la persona privada de la libertad, proporcionándole herramientas efectivas para ello, desde una visión estratégica de absoluta coordinación de todos los estamentos del Estado local y con los recursos ya existentes en la Ciudad de Buenos Aires: educación, trabajo, seguridad social, desarrollo social, etc”, concluye el documento.