El titular de la Superintendencia de ART y ex de la Superintendencia de AFJP, Juan González Gaviola, fue denunciado por el ex juez Mariano Bergés por supuestas irregularidades cometidas al frente del organismo que ocupó. La presentación denuncia el vaciamiento del fondo de multas cobradas (pasó de 35 a 3 millones de pesos durante la gestión de Gaviola) y el desmantelamiento de una oficina encargada de llevar adelante los juicios que fue reemplazada por un estudio de abogados. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío.
Indagados por la apropiación de bienes
Cinco ex represores imputados por la presunta comisión de violación a los derechos humanos durante la última dictadura se negaron hoy a declarar ante el juez federal Sergio Torres. El magistrado había dispuesto las indagatorias de Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Radice, al acusarlos por las detenciones ilegales de personas en la ESMA para luego apropiarse de sus bienes. Los imputados se negaron a declarar y volvieron a quedar detenidos, cumpliendo con la prisión preventiva fijada.
La fuerza política fue cuestionada por el uso de sus fondos
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal concedió una probation al Partido Intransigente (PI) -que forma parte del Frente para la Victoria en el distrito porteño- a raíz de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2007. Los intransigentes, fuerza política creada por el ya fallecido Oscar Alende, habían sido cuestionados por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires por su uso de los fondos entre los meses de abril y junio de 2007. Según un fallo, las objeciones estaban vinculadas con “diversos incumplimientos a la ley número 268”, en lo referido a gastos de campaña y aporte público. El PI rechazó los cuestionamientos oficiales y la Justicia aprobó la posibilidad de una probation que consistirá en “realizar en el ámbito del partido una jornada referida al financiamiento de campañas de los partidos políticos dirigida a las autoridades partidarias, afiliados adherentes y jóvenes dirigentes”. Además, la fuerza política integrante de la alianza oficialista deberá “comprar insumos y enseres por la suma de 1.000 pesos para ser entregados al Hogar Chiquitos”. Así, el PI dispondrá de un plazo de un año para llevar adelante ambas acciones y “en caso de no cumplir con las reglas de conducta impuestas, se revocará el beneficio concedido y continuará el proceso”, expresa el fallo suscripto por los jueces José Osvaldo Casás, Alicia Ruiz y Luis Lozano.
Por los secuestros y desapariciones del periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas
La Cámara Federal porteña confirmó este lunes el procesamiento del ex marino Ricardo Cavallo por los secuestros y desapariciones del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Alicia Domon y Leonnie Doquet. Así lo ratificó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia, que agregó, además, que la Cámara trabó un monumental embargo sobre los bienes de Cavallo que superaría los 400 millones de pesos. El juez federal Sergio Torres considera que Cavallo, recientemente extraditado a la Argentina, tuvo responsabilidad en el secuestro y posterior desaparición de Walsh en abril de 1977. Días antes, el autor de Operación Masacre había escrito y difundido una carta demoledora al cumplirse el primer aniversario de la dictadura.
Es por los fondos congelados de las AFJP
La corte de Nueva York desestimó el petitorio realizado por el Estado Argentino que pretendía acelerar el proceso en la causa en que se encuentran congelados fondos de las AFJP depositados en ese país. En su momento, el juez Thomas Griesa había congelado los fondos de que las Aseguradoras poseen en el país norteamericano. El Gobierno Argentino había solicitado un proceso de apelación expeditiva, como forma de acelerar el proceso judicial, pero el juez desestimó el pedido. La causa define el destino de los 200 millones de dólares que se encuentran en Nueva York. Para el juez, los recursos son bienes comerciales que han pasado a manos del Estado Argentino.
El ENERGAS realizó una presentación ante la Justicia
Este lunes, el Gobierno denunció por “graves irregularidades” a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN). Luego de ser designado como interventor de la citada empresa, Roberto Pons, tal como lo expresa un comunicado de prensa, “detectó graves irregularidades en los libros de acta de esa sociedad, las que podrían constituir ilícitos de acción pública”. La denuncia correspondiente se interpuso ante la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal “a los efectos de que se profundice la investigación pertinente. TGN fue intervenida por el gobierno nacional a fines de diciembre por el lapso de 120 días, ya que la empresa se había declarado en default con respecto al pago de una deuda por 22,5 millones de dólares, que vencía el 31 de diciembre.