Se trata de los 20 objetivos fijados en la Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo que el Gobierno aprobó en el decreto 1225 firmado el año pasado. En esa Agenda se establecieron metas para mejorar y profundizar las políticas de control y sanción por parte de organismos del Estado sobre el lavado de dinero.
Por eso, el Gobierno instruyó al Representante Nacional Titular ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, al Grupo de Acción Financiera de América del Sur, y a la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos para que invite a los organismos nacionales a “aportar la documentación y expedientes que acredite el estado de ejecución” de las metas fijadas contra el lavado de dinero.
También para que informen sobre “todas las sanciones administrativas impuestas y aplicadas durante el período comprendido entre los años 2006 – 2008”.
“El monitoreo del grado de ejecución de cada uno de los Objetivos y Metas administrativas por parte de cada uno de los organismos invitados, como el compromiso ante el órgano consultivo del GAFISUD, amerita una profunda evaluación como cuestión previa a fijar una política criminal en la materia que detecte fuerzas y debilidades del sistema”, sostiene ahora la resolución 3907 del Ministerio de Justicia de la Nación, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
En ese marco, el Ministerio señaló que “OEA no cuenta con la totalidad de la información de los organismos ajenos a este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sobre el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en la Agenda Nacional y que debían cumplirse durante el período 2007-2009, y que en algunos casos no se reportaban los expedientes iniciados y su estado”
La resolución, que lleva la firma del ministro Aníbal Fernández, reconoce que la crisis financiera mundial requiere un mayor control sobre posibles delitos de lavado de dinero: “Que debe tenerse en cuenta que la crisis financiera global puso en discusión la metodología de algunos organismos internacionales al momento de realizar los controles de fondo, por lo cual este dato objetivo debe comprometernos a poner mayor énfasis en las medidas de control administrativo”.
En materia de lavado de dinero, el Gobierno dictó días atrás un decreto por el cual podrá ser querellante en causas judiciales que investigue ese delito y la financiación del terrorismo. Lo hizo al habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a intervenir en esos expedientes judiciales.
En el decreto, la presidente Cristina Fernández de Kirchner calificó el lavado de dinero y la financiación del terrorismo como un “serio riesgo” para “la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías” y “la libertad de los ciudadanos”.