El hecho se inició cuando el paciente debía realizarse una gastroplastía, para el tratamiento de su obesidad mórbida. Para ello, si bien tenía los análisis prequirúrgicos desde el mes de julio del año 2006, aún no fue operado, y más con la dificultad de que no contaba de cobertura de obra social y de recursos económicos.
Luego de una “charla explicativa” donde le informaron que debía abonar 500 dólares para poder operarse, y realizarse estudios previos, el paciente fue inscripto e una lista de espera aunque aún sigue sin ser intervenido.
Luego, se complicó más aún cuando dieron a conocer desde el Veléz Sársfield que “no están realizando este tipo de cirugías porque se rompió la camilla quirúrgica, que el Hospital no tiene presupuesto y que han elevado el pedido al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Es imposible dar una respuesta quirúrgica debido a los problemas que vivimos de falta de insumos, aparatología, infraestructura, anestesiología, etc. Por el momento sólo se resuelve la patología de emergencia y oncológica... Desde diciembre de 2001, se viene solicitando la necesidad de camillas reforzadas, camas, sillas de ruedas, instrumental”, según la respuesta que dieron a la Defensoría, desde el centro sanitario.
Tras ello, la Defensoría reconoció que “si bien es cierto que las listas de espera quirúrgica son un serio problema de salud pública, ésta se ve agravada por las deficiencias de la gestión en todos los niveles”.
“No es objetivo de esta Defensoría del Pueblo alterar listas de espera ni fijar prioridades sanitarias, sí lo es poner en conocimiento a los funcionarios que deben fijar las políticas, las prioridades y asignar los recursos de las situaciones que plantean los vecinos en tanto sientan vulnerados sus derechos”, refutó la Defensoría. “Es obligación de esos funcionarios encontrar las respuestas a los problemas planteados, tanto desde el punto de vista individual como colectivo”, abundó.
Además de requerir la apertura de una investigación por haber solicitado dinero, la Defensoría puso en conocimiento de dicha situación al Ministerio de Salud porteño.