El Boletín Oficial publicó hoy tres decretos (46/2009, 47/2009 y 48/2009) por los cuales la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acepta las renuncias de los jueces Alberto Martín Suares Araujo, Juan Ángel Oliva y Rodolfo Gerardo Ricotta Denby. Suares Araujo estaba a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en loCriminal y Correccional de San Martín Nº 2, en la provincia de Buenos Aires. El magistrado presentó ayer su pedido de jubilación y se apartó de las causas que llevaba, entre las que se encuentran el procesamiento al ex intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti. Suares Araujo enfrenta un expediente en la comisión de disciplina y acusación del Consejo de la Magistratura, pero en la sesión del 11 de diciembre, esa comisión decidió postergar el tratamiento del expediente. El juez Oliva, magistrado de Primera Instancia de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes estuvo a cargo, entre otras, de la investigación sobre el centro clandestino de detención La Polaca. Por su parte, Ricotta Denby (que abandonará su cargo el 1º de marzo, a diferencia de sus colegas que harán lo propio a partir del 1º de febrero) es juez de Cámara del Tribunal Oral Nº3 en lo Criminal de la Capital Federal. Ante el magistrado declaró, a fines de los ’80, Enrique Eduardo Massera (el hijo del represor) por el despojo de los terrenos de Chacras de Coria (Mendoza) a los desaparecidos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma.
Rafecas elevó la causa a juicio oral
El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público la causa en la que el dictador Reynaldo Bignone está procesado por su participación en el secuestro de médicos y personal del Hospital Posadas a los pocos días de iniciado el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” el 24 de marzo de 1976. Según la acusación, Bignone fue quien comandó ese operativo militar en el que se secuestro a 36 profesionales de la salud, de los cuales continúan desaparecidos Jacobo Chester, Jorge Roitman y Julio César Quiroga. Rafecas remitió el expediente al Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5), en el que están procesados Bignone, el brigadier general Hipólito Mariani, el coronel médico Agatino Di Benedetto y los reopresores Luis Muiña y Argentino Ríos.
El tema del antisemitismo llegó a la Justicia por varias vías
La directora del Departamento Jurídico de la DAIA, Débora Kott, confirmó este viernes a Diariojudicial.com que ayer se presentó una denuncia por las marchas frente a la embajada de Israel, frente a la sede de AMIA, por las pintadas y algunos e-mails recibidos en la mutual judía de contenido antisemita. Algunas de las causas tramitan ante el Fiscal General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (del fuero Contravencional y de Faltas), Germán Garavano y otras en el fuero federal. Por su parte, el Inadi decidió abrir ayer dos causas penales por expresiones antisemitas denunciadas en los últimos días. Y pidió una serie de informes a organismos del Estado como la Policía y el Comité de Radiodifusión (Comfer) y también a la DAIA sobre quienes participaron en las protestas por el conflicto en Gaza. La primera denuncia es contra el dirigente de Convergencia Socialista Juan Carlos Beica –que también fue denunciado por la DAIA- y quedó asentada ayer en el fuero contravencional porteño. La segunda incluye material fotográfico, imágenes de esvásticas y pintadas en las vallas de una escuela primaria de Floresta. El organismo presidido por María José Lubertino decidió no promover un juicio a Luis D’Elía, pero le pedirá que “rectifique o ratifique” sus dichos. Consultada respecto de si las denuncias presentadas por DAIA se tocan con las del INADI, Kott dijo que “con el avance de los procesos iniciados, podrían coincidir” y no descartó que la DAIA (representación política de la comunidad judía argentina) pueda iniciar una acción contra el líder de Federación Tierra y Vivienda (FTV) “más adelante”.
Vi luz y subí
El ministro de Planificación, Julio De Vido, informó este mediodía, durante un acto en Zárate, que el Gobierno apelará el amparo que dictó la jueza de primera instancia Cecilia De Negre y que les prohibió a Edenor, Edelap y Edesur cortar la luz a los usuarios que no paguen el aumento que les llegó con las últimas facturas. “Estamos apelando sobre todo porque es facultad del Poder Ejecutivo otorgar y quitar subsidios. Está claro que se trata de quitar a quienes consumían más, que por lógica son los que tienen más poder adquisitivo. No consideramos lógico ni justo que el Gobierno Nacional, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, estuviera subsidiando este consumo”, dijo De Vido. Según el funcionario, la apelación se hará hoy y “rápidamente la justicia tomará cartas en el asunto”. “Descuento que va a hallar razonabilidad a nuestro planteo”, indicó. Al recortar los subsidios que mantuvo y aumentó durante años para mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno les ordenó a las proveedoras de electricidad un fuerte aumento en las tarifas para los usuarios que consuman más de 1.000 kilowats mensuales. A quienes no pagaran los aumentos, que en algunos casos superaron el 300 por ciento, les podían cortar la luz. Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un amparo y, esta semana, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 9, a cargo de la jueza subrogante De Negre, les prohibió a las distribuidoras interrumpir el suministro “hasta tanto recaiga sentencia definitiva” en el reclamo, también de la Defensoría, de anular los incrementos. El pedido de la Defensoría y la decisión de la Justicia no hacen referencia al total de las facturas sino sólo a la parte correspondiente al incremento.
Un templo cerrado
La jueza de Faltas Municipal de Villa Mercedes, Ruth Gutiérrez Barros de Mezzano clausuró el templo evangélico “Jesucristo es tu esperanza” por ruidos molestos. La medida tuvo repercusiones a nivel provincial y generó la polémica sobre la limitación a la libertad de culto. El Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto presentó un recurso de reconsideración con “apelación en subsidio” por considerar que la clausura “produce un concreto agravio, ya que arbitrariamente se limitan los derechos de libertad religiosa y culto establecidos legalmente”. La magistrada explicó “de ninguna manera se ha puesto restricción o límite al ejercicio de culto” y argumentó que dispuso la clausura del local para uso como salón de fiestas y fijó un horario para la práctica de actividades de culto, para favorecer la convivencia con los vecinos. Asimismo, Mezzano explicó que producto de un error de redacción en la sentencia – por la falta de una coma-, se malinterpretó el fallo emitido el pasado 23 de enero. “En este caso puntual, la denuncia por ruidos molestos no fue en relación a ningún hecho de culto religioso, sino fue hecha en relación a una fiesta, a una comida, a una celebración, que se estaba haciendo en un local”, y aclaró que en el momento en que los inspectores acudieron no había culto religioso, eran las doce y media de la noche y había una comida con baile como dice el acta”. Según la resolución del Tribunal de Faltas, se dispuso la clausura del local, para el uso de salón de fiestas y no el templo religioso, y determinó un horario para ejercer la actividad religiosa que consiste en sábados y domingos de 20 a 22 horas, hasta marzo y durante la práctica no se podrán exceder “bajo ningún concepto los 55 decibeles de sonido para lo cual deberán adoptarse medidas eficientes”.
Reconocido por su aporte al Derecho Penal
El último miércoles, a los 85 años, falleció Louk Hulsman, uno de los referentes del Derecho Penal. Profesor Emérito de Derecho Penal de la Universidad de Rotterdam. Desde hace 23 años que visitaba nuestro país para transmitir sus enseñanzas, en una de sus conferencias llevadas a cabo en el Congreso de la Nación expresó que “Ni el sistema penal, ni la cárcel sirven para solucionar conflictos”. Su relación con el sistema de justicia comenzó en 1944 cuando los alemanes ocuparon Holanda, donde fue arrestado y sufrió su primera experiencia en la cárcel y en campos de concentración. “La reparación que puedo esperar, en lo personal, no puede pasar por hacer pasar al otro por lo mismo que yo pasé” dijo al respecto. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Hulsman comenzó a estudiar leyes. Por su experiencia personal estaba interesado en Derecho Penal y Criminología. Ya recibido, trabajó en los ministerios de Defensa y de Justicia, en coordinación con los fiscales y con la policía. En forma paralela, trabajó como profesor de Derecho Penal. Se publicaron en nuestro país textos como La criminología crítica y el concepto de delito; El enfoque abolicionista: políticas criminales alternativas y Pensar en clave abolicionista. En su última visita con motivo del III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas que tuviera lugar el año pasado expresó “hacer que los derechos humanos sean reales, es decir, tener una sociedad próspera que respete los derechos humanos”.
Acuerdo entre el STJ y el gobierno provincial por la morgue de Villa Mercedes
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis se reunió con el Ministro de Salud de la provincia, Adrián Garraza, para promover mejoras en la morgue judicial ubicada en el Policlínico Regional de la localidad de Villa Mercedes. Se acordó entre el Ministro y los magistrados Florencio Rubio, Omar Uría y Guillermo Zavala Rodriguez que a partir de ese momento la responsabilidad de funcionamiento estará a cargo del Poder Judicial, por lo que adquirirá el equipo de frío necesario para el correcto funcionamiento de seis cámaras de la morgue. Esta reunión es producto de las denuncias acerca de las falencias que posee la mencionada morgue judicial en distintos medios provinciales. Del mismo modo se convino “que el Ministerio de Salud realizará las obras edilicias necesarias para dividir la morgue de la sección de Anatomía Patológica del Policlínico Regional y que se implementará de común acuerdo un protocolo de seguridad”.