Para advertir sobre los peligros que existen, los demandantes recordaron lo acontecido “en la llamada tragedia de Cromañon”. Al mismo tiempo, denunciaron que los proyectos “a largo plazo, como la mentada Ciudad Judicial no solucionan el problema con la actualidad y urgencia que la situación exige”.
“No se garantiza en la actualidad el digno y seguro ejercicio de la profesión a los abogados y procuradores que deben concurrir a los tribunales provinciales que radican en dicho edificio del Poder Judicial”, según el escrito. También advirtieron sobre el peligro que corren las personas que trabajan en dicho lugar.
“Deberá notificarse esta acción al Estado de la Provincia de Mendoza, en la persona del titular del Poder Ejecutivo Provincial, para que se produzca el debido informe circunstanciado a través de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y se ordenen los actos necesarios para pronunciarse sobre el asunto que esta parte ha peticionado, resguardando los derechos constitucionales de trabajar en un ambiente seguro y digno de labores”, remarcaron.
Las autoridades del Colegio mencionaron los numerosos reclamos que vinieron realizando por la grave situación edilicia en esos Tribunales: entre ellos el que realizaron el 7 de agosto del año pasado en donde peticionaron a las Cámaras del Trabajo que funcionan allí a que “arbitren los medios idóneos a los fines de evitar las largas esperas y colas de profesionales que se producen en las mesas de entradas y pasillos del edificio, con el fin de acelerar la atención y evitar agrupamientos de personas en los últimos pisos del edificio”. Sin embargo, denunciaron que en ninguna de ellas obtuvieron respuesta favorable.
Incluso, recordaron que el 28 de noviembre pasado, “los empleados judiciales que laboran en ese edificio, decidieron suspender la atención al público, por la insostenible situación de precariedad laboral del edificio indicado”.
“Este Colegio entiende que las condiciones actuales del edificio de avenida San Martín no reúne las mínimas condiciones exigidas en cuanto a cantidad de personas que laboran en forma diaria, concurrencia de público en general y profesionales letrados, peritos, etc, excediendo la capacidad del edificio por su afluencia, peso de los archivos y causas allí guardadas, cantidad de sanitarios, adecuadas escaleras de escape y evacuación, frente a desastres como incendios y terremotos”, concluyeron en la presentación que realizaron ante el juzgado civil de Marina Isuani.
Para justificar la acción de amparo, aseveraron que el Colegio “no dispone de otro remedio o vía idónea para proteger los derechos que se intentan sostener, acudiendo a este dispositivo excepcional, cuando las circunstancias del caso exigen una inmediata solución”.