En una conferencia de prensa que ofrecieron el miércoles, los senadores Gerardo Morales (UCR), Rubén Giustiniani (PS) y María Eugenia Estenssoro (CC) anunciaron que le enviaron una carta a la Presidenta para solicitar las sesiones extraordinarias. Anticiparon que, de concretarse ese período especial, presentarán proyectos de ley que girarán sobre “tres ejes fundamentales”: la protección de la producción, el empleo y el consumo. Ayer, a última hora, fuentes parlamentarias del Frente para la Victoria señalaron que el Congreso volverá a sesionar el 1º de marzo, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.
Las iniciativas para abordar durante febrero tenían que ver con un proyecto para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos que conforman la canasta básica alimentaria, otro que proponía suspender las retenciones a las exportaciones de granos por un ciclo agrícola, y el tercero para eliminar las retenciones para leche y carne.
En diálogo con Diariojudicial.com, el diputado por la UCR Pedro Azcoiti –que participó en la conferencia de prensa del miércoles- señaló: “no soy optimista respecto a la convocatoria pero vamos a insistir por la gravedad de la crisis nacional e internacional”.
“El no convocar a sesiones extraordinarios es parte de una estrategia del gobierno que ya se manifestó a fines de 2008 y a principios de este año que consiste en tratar de que el Congreso no sea caja de resonancia de los problemas”, sostuvo Azcoiti.
Tanto en 2008 como en 2007 el kirchnerismo convocó a sesiones extraordinarias. El año pasado, el gobierno de Fernández de Kirchner impulsó una ley vinculada con el reordenamiento del tránsito y la movilidad automotriz y de camiones y en 2007 Néstor Kirchner impulsó la reforma previsional que permitió los traspasos de la jubilación privada a la del Estado.
La facultad de convocar a sesiones extraordinarias recae únicamente en el presidente de la Nación. El inciso 9 del artículo 99 de la Constitución Nacional (capítulo 3, atribuciones del PEN) prescribe que sólo el primer mandatario (o mandataria) “prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias”. Este llamado se da “cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.
Cuando se convoca a sesiones extraordinarias, el “temario a tratar” lo determina el Presidente mientras que en las sesiones de prórroga, “las Cámaras tienen libre iniciativa”.
Conte Grand se ilusionó con que de convocarse a sesiones extraordinarias, se pudiera abordar un proyecto de reforma electoral. A pesar de la negativa del PEN de convocar a sesiones extraordinarias, los legisladores de la Coalición Cívica ofrecieron hoy una conferencia de prensa junto a varios partidos de oposición (UCR, Pro, el socialismo, la fuerza del cordobés Luis Juez, la de Raúl Castells y el MST) para presentar el proyecto de ley elaborado por el Foro para la Reforma Política y Electoral, cuya Cámara de inicio será Diputados.
El abogado explicó que el proyecto que se impulsará no será el del senador Samuel Cabanchik (CC) presentado en abril aunque sostuvo que ambas iniciativas coinciden en adoptar la boleta única. La propuesta, que insumió casi un año de trabajo, elimina de la órbita del gobierno nacional (del Ministerio del Interior) el poder de organización y de control del escrutinio provisional, e impulsa la transferencia a la justicia electoral. Para solucionar el problema de la ausencia masiva de autoridades de mesa el día de los comicios, propone que se designen a docentes y a empleados judiciales.
El diputado Azcoiti señaló que si se hubieran convocado las sesiones extraordinarias se hubiera podido abordar la discusión del proyecto de ley, presentado en mayo de 2007 por los juristas Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alesio, para acelerar el procedimiento penal para los crímenes de lesa humanidad.
En diciembre último la liberación de varios represores, ordenada por los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación Penal (luego frenada) motivó un cruce de acusaciones entre la Presidenta, los legisladores y los miembros del poder judicial por la lentitud en el tratamiento de las causas vinculadas con la última dictadura militar.