El pedido de Righi es para que se cumpla con el artículo 23 de la ley orgánica del Ministerio Público – 24.946 de marzo de 1998 – que dispone que ese organismo se relacionará “mediante una Comisión Bicameral cuya composición y funciones fijarán las cámaras del Congreso”.
Puntualmente la norma establece que la Procuración y la Defensoría General presentarán en el inicio de períodos de sesiones del Congreso un informe anual sobre la actividad de los Ministerios Públicos, “el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que este requiera”.
La comisión mixta también estará a cargo – junto a la Auditoria General de la Nación – de la ejecución del presupuesto de los Ministerios Públicos,
Righi, quien este domingo estuvo en la apertura de las sesiones del Congreso que hizo la presidenta Cristina Kirchner, recordó en su nota que el pedido ya había sido elevado, conjuntamente con la Defensoría General de la Nación, en septiembre de 2005 y sostuvo que la “preocupación…. obedece a la necesidad de brindar un adecuado cumplimiento institucional”, tal como marca la ley del Ministerio Público.
“Por otra parte, más allá de las obligaciones mencionadas precedentemente, la creación de la comisión permitirá habilitar los canales interinstitucionales correctos para elevar al Poder Legislativo, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia de reformas legislativas, conforme lo establecen los artículos 33 inc. j) y 51 inc. k) de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, agregó Righi.
A pesar que la comisión no fue creada, el Procurador recordó que los ministerios públicos envían sus informes anuales a los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, a los titulares de las comisiones del Congreso, a integrantes del Poder Judicial, del Ejecutivo y de organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas judiciales.
La Procuración presentó la semana pasada un sobre el trabajo realizado en los últimos años, que contiene más de mil paginas y fue distribuido entre jueces, fiscales, defensores, colegios de abogados, organismos de contralor, universidades y ONGs.