La iniciativa lleva la firma de los legisladores, Jorge Martínez, Carlos Alberto Pérez Gresia y Eduardo Sigal quienes sostiene que “en la resolución del por el entonces juez de la causa, Juan Carlos Dillon, quedaron probadas las torturas, no se discutía la existencia del ilícito, se encontraba acreditado el cuerpo del delito, más allá de no haberse podido secuestrar los elementos con los que se produjeron los tormentos”.
“Se produjo un clásico policial de la historia argentina: es decir, requieren a la misma policía que secuestre los elementos de tortura de los que ella misma se valía.
Recordemos que estábamos en plena dictadura militar y la capacidad operativa judicial de los magistrados se encontraba absolutamente limitada. El resultado fue obvio: nada se encontró. Martínez fue sobreseído”.
Los senadores aliancistas ponen de manifiesto que “Ruckauf se habría evitado la penosa situación de tener que contestar este pedido de informes sobre el oscuro pasado de su virtual Jefe de Policía, si en su momento el ex gobernador Eduardo Duhalde, no hubiese vetado el artículo 56 de la ley 12.155 (Orgánica de la Policía), el que hacía compartir la responsabilidad de la designación de las más altas autoridades de la Institución Policial, con la Cámara de Senadores”.