Así se pudo saber de fuentes judiciales confiables, en relación a la apelación que durante dos meses paralizó el trámite normal del expediente que lleva adelante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
De acuerdo con esas fuentes, los camaristas Gustavo Hornos, Ana Capolupo de Durañona y Vedia y Amelia Berras de Vidal, ratificarán la competencia de la Cámara Federal para proseguir con las investigaciones, pero --tal como lo anticipó Diariojudicial.com-- se pronunciará, además respecto de las citaciones a militares que sean convocados como testigos.
En ese sentido, trascendió que la Cámara de Casación ratificará que "ningún testigo puede ser obligado a declarar contra si mismo", tal como lo establece la Constitución, y ese será el límite al cual deberán ceñirse los tribunales de distintos puntos del país que ordenaron la detención de militares que se negaron a hacerlo.
Si bien se desconoce los alcances de esas limitaciones, dentro del marco del "Código Procesal Penal", en los hechos significaría que, de quedar firme, los militares involucrados en la represión ilegal de la decada del setenta no volverían a quedar detenidos en las causas por la verdad historica.
La Cámara de Casación se pronunciará respecto de las apelaciones a las prisiones preventivas dispuestas por la Cámara de Bahía Blanca, planteadas por los militares Julian Corre, Santiago Cruciani y Armando Barreda.
La semana pasada la Cámara Federal de Bahía Blanca le pidió a la Casación que le remita las actuaciones, y que vuelva a detener a los militares, pero ambos reclamos fueron rechazados.
Sin embargo, se descuenta que la próxima semana --cuado regrese Durañona y Vedia de sus vacaciones-- la resolución sea firmada, aunque se descuenta que el fallo de Casación será apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
Los militares se niegan a responder preguntas bajo juramento como testigos, por temor a quedar involucrados en otras causas penales que se sustancian respecto de la represión antisubversiva.