“Cuando llegan a la Comisión, los postulantes han pasado lo más duro que significa el examen de oposición y luego la evaluación que hace el propio Consejo de la Magistratura. Uno acá lo que intenta reunir son los requisitos que exige la Constitución para dar acuerdo, obviamente probar la idoneidad del candidato, que no haya tacha”, explica Guinle, senador nacional de Chubut del Frente para la Victoria.
La Comisión de Acuerdos es la última etapa del proceso de selección de un juez que comienza en el Consejo de la Magistratura con el concurso público y continúa en el Poder Ejecutivo. El Gobierno elige a uno de los candidatos propuestos por el Consejo y remite su nombre al Senado. Allí la Comisión de Acuerdos abre un período de observaciones y realiza una audiencia pública con el candidato. Luego, es el pleno de la cámara alta quien nombra definitivamente al magistrado. Actualmente la Comisión tiene pendiente un solo pliego para tratar, es para la Cámara Federal de Salta, al que resta fijar la fecha de audiencia.
“El proceso demora mucho en el Consejo de la Magistratura, a veces son muy largos. Habría que acortar plazos y darle mayor celeridad. El trámite en el Senado es rápido. Tiene la velocidad que nos permiten los plazos propios del reglamento”, sostiene Guinle.
Ex juez civil de Chubut en la década del 80, Guinle sostiene que “hay una diferencia notoria” entre los magistrados de su época y los actuales. “Yo formaba parte de un Poder Judicial mucho más chico en el cual siempre insistía que no tenía que crecer mucho más sino que tenía que ser más eficiente. Y creo que esa regla se perdió con el tiempo. Así como lo digo referido a mi provincia, creo que puede aplicarse como una referencia general”, opinó el legislador nacional.
¿Cuál es el nivel de jueces encontró desde diciembre de 2005, cuando asumió como presidente de la Comisión de Acuerdos, hasta ahora?
En general, encuentro un nivel de magistrados de buena formación técnica; los que llegan al Senado han pasado varios exámenes de oposición, así que tienen un rigor técnico, también hay muchos magistrados y funcionarios de carrera. Hubo muy pocos casos donde ha habido debate en virtud de alguna cuestión que, para el gusto de algún sector del Senado, pueda no condecir con los requisitos que debe tener un juez; pero fueron casos contados con los dedos de la mano.
Más allá de las preguntas puntuales a un candidato sobre el cargo y el fuero que va a ocupar, ¿cuáles son los temas comunes a todos los postulantes en las que la Comisión trata de buscar un perfil de juez?
Cuando llegan a la Comisión, los postulantes han pasado lo más duro, que significa el examen de oposición, y luego la evaluación que hace el propio Consejo de la Magistratura. Uno acá lo que intenta reunir son los requisitos que exige la Constitución para dar acuerdo, obviamente probar la idoneidad del candidato, que no haya tacha. Tenemos los plazos reglamentarios para recibir o no oposiciones, y si se reciben se sustancian, y luego sí se dictamina. Lo que no hacemos es cargo de cada objeción. ¿Esto qué significa? Cuando hay un observación puntual en algún momento de la vida de está Comisión no había fundamentación en el rechazo de las observaciones o hacerse cargo e ir a fondo con cada una de ellas. La Comisión desde que yo la presido se hace cargo y va a fondo y toma cada una de ellas, no hace un dictamen genérico de aprobación.
En las audiencias públicas de la Comisión hay algunos ítems de la entrevista que se le pregunta a todos los candidatos como, por ejemplo, su opinión sobre las declaraciones juradas de los jueces y la publicidad de los actos de la Justicia.
Es cierto. Se pregunta también que opina en general sobre el pago de impuesto a las ganancias, que esté gravado el sueldo de los jueces. Son fundamentalmente para conocer la opinión del propio magistrado, que muchas veces se expide a favor o en contra, y lo que uno pretende es conocer su argumentación. Pero la respuesta del candidato no va a hacer que implique un rechazo, lo que sí se va a ponderar es su argumentación porque cada uno puedo parecerse y opinar como quiera pero lo que sí uno mide es si la fundamentación tiene realmente base y argumentos que la hagan defendible.
¿Los criterios jurídicos que el candidato sostiene en la audiencia pública después usted los ve aplicados en la práctica como jueces?
Sí. En general se les ha preguntado a algunos sobre casos jurisprudenciales y sin que sea omitir opinión sobre alguna cuestión que le pueda llegar luego a juzgar, y creo que los criterios que exponen son los que después van a llevar a su línea de trabajo.
¿Qué falencias ve en los jueces?
En general yo los veo, a partir del procedimiento del Consejo de la Magistratura, con fuerte formación técnica. El proceso ha mejorado sustancialmente la selección de jueces. Después lo que resta es controlar sobre el accionar de los jueces y conocer qué están haciendo. Por eso cuando discutimos el acceso a la información yo tenía un proyecto en el cual incluía la necesidad de información por parte del Poder Judicial con determinadas restricciones. Y en realidad en la ley de información que está vigente en mi provincia, también tiene la obligación de informar el Poder Judicial, restringiendo determinadas cuestiones cuando hay reserva de algunos datos, de menores, o cuestiones personales.
De todo el proceso de selección de jueces, ¿habría que modificar algo para darle más celeridad?
Habría que hacerlo mucho más rápido. El proceso demora mucho en el Consejo de la Magistratura, a veces son muy largos. Habría que acortar plazos y darle mayor celeridad. El trámite en el Senado es rápido. Tiene la velocidad que nos permiten los plazos propios del reglamento.
La justicia y la seguridad
Últimamente se habló mucho de la justicia y la inseguridad. ¿En las entrevistas se pregunta sobre este tema?
Sí. En general sobre los criterios de excarcelación y cada uno lo funda conforme su propio concepto. El tema de la seguridad es complejo. No son solo los jueces actores del sistema, sino que a la seguridad se la construye entre todos, pero el Estado debe tener una política definida en materia criminal. Y fundamentalmente el Estado lo que evidencia es la falta de articulación de los distintos estamentos del propio Estado y de las distintas jurisdicciones. Estoy convencido que parte de la política de seguridad tiene una raigambre profunda en esa articulación de actores. Si usted me pregunta si alguno de los actores puede no estar muy comprometido, le digo que es posible. Una buena coordinación y seguimiento eliminaría los actores no comprometidos.
¿A que actor ubica dentro de los que no están muy comprometidos
Hay actores de todo lo que tiene que ver con el esquema de seguridad. Desde las propias fuerzas, algún actor no comprometido, el propio Poder Judicial, seguramente el Ministerio Público puede tener actores no comprometidos. Pero esto como una regla genérica. Por eso la suerte de articulación, puede con una muy fuerte coordinación. Sin que sea leído como invadir, pero sí por sobre cuestiones de jurisdicciones y estamentos.
Desde la experiencia de haber sido juez
Antes de llegar a la política, donde fue ministro de de Gobierno, Educación y Justicia de Chubut y senador nacional desde 2001, Guinle fue juez de primera instancia y de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral de las jurisdicciones de Comodoro Rivadavia y Trelew entre 1982 a 1986.
¿Qué diferencias nota entre los jueces cuando usted ejercía la magistratura con los actuales?
Hay una diferencia notoria, ha pasado mucho tiempo. Yo formaba parte de un Poder Judicial mucho más chico en el cual siempre insistía que no tenía que crecer mucho más sino que tenía que ser más eficiente. Y creo que esa regla se perdió con el tiempo. Así como lo digo referido a mi provincia, creo que puede aplicarse como una referencia general. Yo era juez civil y recuerdo como experiencia que en la primera feria que me quedé a cargo de todos los juzgados, también los penales, me sorprendieron algunas cuestiones por ejemplo de un funcionario que venía con oficio suelto y me decía que había que ordenar la soltura de fulano de tal para que pase las fiestas con su familia. Si usted pedía el auto de soltura, que el juez penal antes de irse de feria tendría que haber firmado, le decían que eso era la costumbre. Por supuesto que volvía sin firma y con un reto. Pero esto era la costumbre y puede ser que las costumbres se estén repitiendo hoy. Tampoco era normal, pero para mi sí, que me golpearan la puerta de mi casa a la noche y yo saliera a encabezar los allanamientos. Esta debiera ser la tarea de aquel que está a cargo de una investigación y está pretendiendo estar en la cabeza de los procedimientos. Esto tiene que ver con el compromiso con el sistema. A veces me replican que esto no puede traerse al mundo de hoy.