Lo que permite habilitar la vía judicial es la Alien Tort Claims Act o ley de reivindicación por delitos en el exterior. Se trata de una norma que obliga a las empresas estadounidenses a cumplir la ley de ese país en cualquier lugar del mundo a donde lleven sus operaciones.
“Es una decisión que marca un hito, sumamente importante en el campo de la responsabilidad de las empresas y las violaciones de los derechos humanos”, le dijo a AFP el abogado Michael Hausfield sobre la aplicación de la ley.
El último caso ocurrió la semana pasada cuando una jueza federal de Nueva York, Shira Scheindlin, autorizó a víctimas del apartheid de Sudáfrica a ser querellantes contra reconocidas multinacionales como General Motors, Ford, Daimler e IBM.
Las empresas automotrices están acusadas de suministrar equipos que las fuerzas de seguridad sudafricanas usaron para reprimir a los manifestantes que reclamaban el fin del apartheid, entre ellos el líder pacifista Nelson Mandela.
Pero el número de acusados se redujo a medida que la causa pasó por los diferentes tribunales y, como otros de sus pares, la jueza Scheindlin sobreseyó a funcionarios de varias compañías. “Los acusados de sencillamente negociar con el gobierno sudafricano fueron desestimados”, declaró la magistrada estadounidense.
En el caso de los fabricantes de autos, los demandantes (cuyas identidades no trascendieron) argumentaron que estos sabían que sus vehículos iban a ser utilizados por las fuerzas de seguridad para reprimir, y sostuvieron que las compañías informáticas estaban conscientes de que sus programas estaban siendo usados para violar los derechos de los negros.
La jueza rechazó el argumento de IBM de que no le correspondía a la empresa decirle a sus clientes cómo usar sus productos. Y afirmó: “Ese nivel de ceguera voluntaria frente a crímenes que violan la ley internacional no puede derrotar la clara evidencia de que la asistencia de IBM apoyaría al apartheid”.
Aunque el gobierno sudafricano siempre sostuvo que cualquier demanda debe ser evaluada por ante los sistemas legales y políticos de ese país, las presentaciones judiciales que se hicieron en Estados Unidos tienen su basamento en una ley del siglo XVIII diseñada para procesar piratas, que permite a las cortes federales norteamericanas ordenar compensaciones por cualquier violación de la ley internacional cometida en cualquier lugar del mundo.
Las presentaciones basadas en la Alien Tort Claims Act crecen día a día. Una demanda recurrente es la de iraquíes que van contra la empresa de seguridad Blackwater, a la que acusan de ser cómplice de los crímenes cometidos en ese país. Por otra parte, la empresa petrolera anglo-holandés Royal Dutch/Shell deberá presentarse el mes que viene en una causa en la que está acusada de participar de la ejecución de un ecologista de Nigeria, ocurrida en 1995.
Muchos esperan una avalancha de demandas y un filón para los abogados norteamericanos, sin embargo para Peter Rosenblum, profesor de derecho de la Universidad de Columbia, la ley ´Alien Tort´ está definida en forma suficientemente acotada como para que las empresas se no se vean sumergidas en demandas insólitas. "Los casos que se pueden tomar en cuenta son muy limitados. Tienen que ser violaciones flagrantes de los derechos humanos", explicó.
Tanto IBM como las automotrices Daimler, BMW, Volkswagen, la química IG Farben y la farmacéutica Bayer también estuvieron profundamente involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Todas esas compañías le vendieron insumos al régimen de Adolf Hitler y se enriquecieron con el Tercer Reich. Años más tarde, algunas de estas empresas pidieron disculpas públicamente y pagaron importantes sumas de dinero por los daños.
El Tribunal de Nuremberg, que juzgó los crímenes de los nazis, condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS. Según ese tribunal, el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”.
En tanto, en Argentina dos hijos de desaparecidos demandarán a los bancos extranjeros que financiaron la dictadura. Según informó Página/12 el 16 de marzo, el estudio de abogados que patrocinará a Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe -con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York- invocará normas y antecedentes internacionales, así como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices.