Una de las iniciativas que tomó más fuerza en los últimos días –y estaría siendo estudiada por el oficialismo- fue la elaborada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni y la jueza del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, Lucila Larrandart.
Según trascendió, esa propuesta fue presentada extraoficialmente por la diputada Diana Conti en la reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja este martes y se basó en las iniciativas de los diputados Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) y Emilio García Méndez (Coalición Cívica).
La propuesta a la que podría sumarse el Gobierno fija un máximo de 3 años de cárcel (en “institutos especializados”) para los adolescentes de 14 y 15 años. La propuesta de Zaffaroni y Larrandart diferenciaría el status de los chicos de 14 y 15 años de los de 16 y 17. Por ejemplo, la condena de los primeros no deberá ser notificada al Registro Nacional de Reincidencia, mientras que la de los segundos se borrará al cumplir la sentencia.
Otro de los casos en que también hay diferencias sustanciales entre las penas para los chicos de 14 y 15 y de 16 y 17 es el de “homicidio simple”. Si bien tanto un adolescente de 14 como uno de 16 podrían ser condenados a penas de entre dos años y ocho meses (un tercio del mínimo) y doce años y medio (la mitad de 25 años, que es el máximo), el proyecto determinaría que en la franja de los más chicos la pena se extinguirá automáticamente cuando el adolescente alcance los 21 años de edad.
En coincidencia con el resto de las propuestas ya presentadas, la que estudia el Gobierno contempla el encierro como último recurso y sólo en los casos más graves: hay once alternativas viables antes de encerrar a un menor. Los más chicos sólo podrán estar privados de su libertad 3 años mientras que los de 16 y 17 podrán salir al cumplir la mitad de la condena. Otro dato: la prisión preventiva no deberá exceder los dos meses en la primera franja de edad y cuatro meses en la segunda.
La propuesta de Zaffaroni y Larrandart (director y vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA) tiene peso en el Congreso y en el Ejecutivo. Prueba de ello es que ambos fueron invitados a la Cámara Baja el martes próximo, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Legislación Penal presidida por la diputada Nora César. Ese mismo día se trataría el tema en el Senado.
Sin embargo, la propuesta de Zaffaroni tiene sus detractores. En un artículo publicado en Página/12 este lunes, Claudia Cesaroni y María Laura Böhm, integrantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) escribieron que “no es verdad que lo mejor que podemos ofrecerle a un adolescente de 14 o 15 años sea el sistema penal”.
“No lo es porque las garantías jurídicas que les prometemos ya las tienen los mayores de 16, y eso no implica que el sistema penal haya dejado de ser selectivo, discriminatorio y estigmatizante. El sistema penal no soluciona problemas, y mucho menos los de los chicos que tan tempranamente quedan enredados en sus tejidos. Esos no son los tejidos sociales que va a desarrollar un joven productivo, satisfecho consigo mismo y capaz de reproducir y tejer hebras personales y sociales en forma satisfactoria para sí y para quienes lo rodean”, manifestaron.
Cesaroni y Böhm explicaron que la norma que permite a los jueces internar a los chicos de 14 y 15 años por “problemas de conducta” es el Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22.278/22.803, creado en 1980 aunque advirtieron que la Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución en 1994) establece que la pena de prisión será aplicada a los niños como último recurso y por el menor plazo que proceda.
“El Régimen Penal de la Minoridad debe derogarse, y crearse un régimen penal juvenil aplicable a los adolescentes de 16 años en adelante –que hoy ya son punibles–, estableciendo claramente topes a las penas de prisión aplicables, medidas reparatorias, acceso a la mediación penal, etcétera. Planteamos que no se incluya en ese nuevo régimen a los adolescentes de 14 y 15 años. No decimos que no haya que hacer nada frente a hechos graves cometidos por estos adolescentes. (…) Retomando aquellas enseñanzas de Zaffaroni, no les ofrezcamos más Estado penal sino mucho más Estado de bienestar, abrigo, protección, cuidados, escuela de calidad, juegos, vacaciones, casas seguras, salud”, enfatizaron las abogadas.
Tiempos parlamentarios
Según informó el sitio parlamentario.com, el bloque oficialista en el Senado habría decido “pisar el freno” en el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil aunque el jefe de la bancada, Miguel Angel Pichetto, había anticipado que la Cámara Alta llevaría el proyecto al recinto el 29 de abril.
Uno de los motivos habría radicado en las declaraciones del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández que señaló que si bien “es el momento oportuno” para tratar el proyecto, “no tiene que salir mañana por la mañana”, y que “hay que invitar a especialistas para que se expresen, pues hay posiciones muy encontradas”.
La situación en la provincia de Buenos Aires
En la provincia el fuero está funcionando en los 18 departamentos judiciales desde el año pasado, y está funcionando a pleno con fiscales, defensores y jueces de garantías. Ahora hay un proyecto el A 21 PE del 6 de abril que fue votado en la Legislatura y que crea 19 cargos de fiscales y 19 de defensores y también algunos juzgados de garantías. Sólo falta la promulgación.