“Recomendar a los Fiscales Generales y, por su intermedio, a los Agentes Fiscales que privilegien la utilización del proceso simplificado de flagrancia en los casos que lo admitan, valorando en forma restrictiva, fundada y con alcance exclusivamente individual la posibilidad de decidir en contrario”, sostuvo la jefa de los fiscales en la resolución general 279 a la que accedió Diariojudicial.com
Falbo también instruyó a los fiscales a “que asuman un rol activo en el control de la aplicación de las normas atingentes al procedimiento de flagrancia, oponiéndose a los pedidos o resoluciones que propendan al indirecto incumplimiento de la ley por vía de la indebida desafectación del caso, sustitución de la oralidad o de otras similares, activando en su caso las vías recursivas o disciplinarias a que hubiere lugar”
Los pedidos, recordó Falbo, van en la línea de las resoluciones anteriores (una de 2006 y otra del año pasado) en las que instruyó a los fiscales generales y a los agentes fiscales a que “tengan especialmente en cuenta criterios de economía y celeridad procesal” y “privilegien el uso temprano de esas alternativas”
La jefa de los fiscales recordó que ante la reforma al Código Procesal Penal de la provincia es el representante del Ministerio Público quien decide la aplicación del sistema de flagrancia según el caso con el control del juez de garantías.
“El análisis temprano de las alternativas al juicio, especialmente en la etapa de garantías, se presenta ahora como un método útil para propender al descongestionamiento del sistema y, más importante aún, para facilitar en favor del imputado el acortamiento de los plazos de sometimiento a proceso”, ponderó Falbo.
“Que desde el inicio del Programa de Fortalecimiento del Sistema Acusatorio en la Provincia de Buenos Aires, esta Procuración ha prestado pleno apoyo a su desarrollo y extensión, en la inteligencia de que resultaba un mecanismo eficaz para superar muchos de los obstáculos que eclipsaban los principales logros de la Reforma del año 1998 y que, a la vez, propendía a profundizar el respeto por los derechos y garantías individuales de imputados y víctimas”, dijo Falbo sobre el sistema de flagrancia.
Por último, la Procuradora General también le pidió a los fiscales que “ejerzan control activo respecto de la observancia de las normas y principios aplicables, activando en su caso los controles recursivos o disciplinarios a que hubiere lugar”.