“El colapso de la justicia hace mucho que existe. El aumento de la litigiosidad es enorme y no se aumentan los tribunales. Y así no podemos seguir trabajando”, sostuvo la jueza en diálogo con la prensa luego de la presentación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema que realizó junto a su par Elena Highton de Nolasco.
La magistrada sostuvo que el colapso de causas llegó a la propia Corte y que esa situación genera las críticas por parte de la gente respecto a la lentitud en las decisiones de los jueces: “Nosotros recibimos una cantidad enorme de causas por año y es imposible trabajar así. No hay ser humano que pueda y así pasa que muchas veces la gente se queja de la lentitud de la justicia, que es verdad: es lenta. Pero es lenta porque no tiene otro remedio que serlo, no puede ser de otra manera”.
Argibay sostuvo que uno de los problemas actuales es la falta de lugares para los juicios. “Nuestro grave problema es que ahora los tribunales orales no tienen lugar donde hacer audiencias porque no hay salas de audiencia”, explicó la jueza.
La ministra consideró que toda esa situación “no es una cuestión que dependa de nosotros”. “Es una cuestión de decisiones políticas, habría que tratar de que el Estado litigara menos, es el mayor litigante en todas las agencias”, explicó.
Los reclamos de los jueces de la Corte Suprema por la falta de recursos ya se hicieron escuchar anteriormente y significaron un choque con el Gobierno Nacional.
La misma Argibay había reclamado que se nombren los jueces que faltan en los tribunales para poder avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad como había reclamado la presidenta Cristina Kirchner en marzo pasado al inaugurar las sesiones del Congreso. En esa oportunidad, la primera mandataria había señalado que el Poder Ejecutivo ya había asignado recursos para la Justicia y que el Legislativo había dictado leyes para acelerar los procesos por lo que ahora era el momento de las respuestas del Poder Judicial.
La polémica involucró a otros jueces del máximo tribunal y funcionarios del Gobierno que se saldó con un acuerdo al que arribaron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, para incorporar 700 empleados a tribunales en diversos fueros en todo el país.
La semana pasada jueces de todo el país se manifestaron en sus lugares de trabajo en apoyo a una serie de propuestas de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) para mejorar el funcionamiento de la Justicia, entre las que se encontraban la reducción a la mitad de las cuatro millones de causas que por año ingresan a todo el sistema judicial argentino.