Los magistrados entendieron, en base al reclamo de la apelación del fiscal, que las causas contra los funcionarios públicos por delitos durante su mandato no prescriben mientras ocupan el cargo y ordenaron seguir la investigación.
La causa se inició contra el intendente de San Roque, Orlando Raúl Pelozo, y los funcionarios del municipio Marcial Villalba y Ramón Alfredo González por malversación de caudales públicos, el 29 de abril de 2005. El juez subrogante de Instrucción y Correccional N° 3 de la ciudad de Goya, Carlos Balestra, los sobreseyó por entender que la causa se encontraba presrcipta.
El fiscal presentó un recurso de casación y explicó los alcances del artículo 67 del Código Penal que establece los cómputos de los plazos y las causales por las cuales la prescripción se interrumpe y la acción investigativa sigue vigente.
Los jueces explicaron que el representante del Ministerio Público sostuvo en su escrito que “hace notar que el curso de la prescripción se suspende, para todos los que hubieren participado en el hecho y mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, en consecuencia, en el caso, el cómputo del plazo no tiene comienzo de ejecución. Porque de acuerdo al espíritu de la norma, se tiene en cuenta las dificultades para investigarse los delitos cometidos por los funcionarios y empleados públicos, que se aprovechan de su posición, para obstruir la acción de la justicia”.
“El derecho positivo argentino no hace diferenciación entre funcionarios y empleados públicos, y por el contrario establece que todos los agentes de la administración tienen la misma calificación jurídica”, explicaron los jueces.
Los jueces del Máximo Tribunal hicieron lugar al recurso y señalaron que “corresponde el apartamiento del Sr. Juez Subrogante Dr. Carlos A. Balestra”, por lo que dispusieron que la causa pase a ser investigada por el magistrado de Instrucción y Correccional N° 3 de la ciudad de Goya.