Los ministros del Superior Tribunal, mediante el acuerdo 351, decidieron “exhortar al personal judicial-sin distinción de afiliaciones gremiales o banderías políticas- para que de inmediato cese en sus medidas de fuerza y colabore en la normal prestación de los servicios judiciales”.
Ello porque consideran que “habiendo especificado en debida forma cuál es la postura del Superior Tribunal de Justicia ante el reclamo de los empleados judiciales y ante la intemperancia del SI.JU.PU. -que ha concretado daños y vías de hecho que van más allá del derecho a peticionar y manifestarse, afectando seriamente la prestación de servicios”, expresando que “el Superior Tribunal ejercerá en plenitud las atribuciones constitucionales y legales que le competen, para asegurar el servicio de Justicia”.
La mayor traba que desde el Superior Tribunal se plantea es la legal. De acuerdo a la normativa vigente, el reajuste de los salarios debe ser fijado por Ley, por lo que resulta imposible que el organismo judicial fije reajuste salarial alguno, y sólo puede realizar gestiones ante el Poder Ejecutivo. Aunque, en declaraciones a medios nacionales, el presidente del Máximo Tribunal provincial, Esteban Uria, calificó a la medida como “política”.
En el texto del comunicado los jueces expresan como “necesario” un reajuste, pero aclaran que éste debe hacerse “con posterioridad a las elecciones del 28 de junio, para que no se tergiverse con intencionalidad política alguna, de la cual el Superior Tribunal de Justicia se encuentra total y absolutamente ajeno”.
Los pedidos del Sindicato
Los planteos de la organización gremial versan sobre un reajuste salarial del orden del 25 % para los empleados judiciales. Además, el ascenso tanto del personal de maestranza como del personal administrativo. Acerca de esta segunda cuestión desde el Superior Tribunal, según consta en el texto del comunicado, “había sido programado por el Superior Tribunal de Justicia, emitiendo la acordada respectiva, con el cronograma fijado; esta acordada fue recurrida por el Sindicato, lo que fue resuelto por el Tribunal, debiendo fijarse un nuevo cronograma que comprende la realización de cursos obligatorios, los que se encuentran en plena programación y a la brevedad se darán a conocer las nuevas fechas”.