La entidad, a través del trabajo “Una situación esperable: continúan los castigos a los usuarios”, advirtió que en varias provincias la Justicia federal ordenó la suspensión de los aumentos pero en otras los incrementos siguen vigentes lo que genera una situación de desigualdad en el país.
Fuentes de la Defensoría señalaron a Diariojudicial.com que analizan hacer una presentación ante la Justicia. “Es muy probable que se presente una denuncia con el informe”, explicaron los voceros. La acción se sumaría a otras que la Defensoría presentó contra las resoluciones y decretos que autorizaron los aumentos.
La Defensoría explicó que los incrementos se dieron en base a la resolución de la Secretaría de Energía 1169/08, que autorizó aumentos para los usuarios que consuman más de mi kwh; a la resolución ENRE 628/08 que aprobó nuevos cargos tarifarios para las empresas; también el decreto 2067/08 que creó un Fondo Fiduciario sobre el precio del gas natural; y la resolución 536/08 del ENARGAS que establece un adicional por el servicio de gas natural por redes.
“La aplicación de tales normas derivaron en desmesurados aumentos en los valores de las facturas de los servicios de electricidad y gas, arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitución Nacional”, critica el informe elaborado por el Area de Usuarios, Obras, y Servicios Públicos de la Dirección de Derechos Económicos de la Defensoría.
El informe destacó que las provincias de Salta, Jujuy, Chubut y Tucumán la Justicia hizo lugar a presentaciones y autorizó a los usuarios a pagar las boletas de luz y gas sin los aumentos.
“Aquellos usuarios no incluidos en el régimen de excepciones ni alcanzados por los fallos judiciales, deben abonar la totalidad de las facturas (con inclusión del cargo inconstitucional) a fin de evitar el corte del servicio y las dañosas consecuencias que ello conlleva. En otro orden, en lo que refiere al servicio de electricidad, en la medida cautelar promovida por la Defensoría, la Justicia ordenó a las distribuidoras del servicio se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas emitidas en base a las Resoluciones discutidas en el pleito, hasta tanto se pronuncie la sentencia definitiva”, advirtió el organismo.
La Defensoría consideró que hay una “desprolijidad, improvisación y falta de criterio” en el tratamiento de los usuarios de gas y electricidad y que calificó al escenario actual como “crítico”. “Ello toda vez que, nos encontramos frente al peligro de inminentes cortes ante una eventual modificación de la situación judicial y existe una situación de desconcierto e incertidumbre que provoca reclamos permanentes por parte de los usuarios”, reclamó el organismo.
Por eso señaló que “la latente profundización de la crisis no puede ser ignorada por las autoridades competentes, debiendo estas encontrar una solución a la situación planteada, en cumplimiento de las prescripciones del artículo 42 de la Constitución Nacional”.