Antes de comenzar a tratar el orden del día que incluía 40 puntos, el senador Ernesto Sanz pidió la palabra para solicitar que en el momento en el que un consejero termina la instrucción de un dictamen, se aclare, en la página de Internet del Consejo, que ese dictamen ya está en manos de la comisión. Esta semana Sanz había sido calificado como el consejero que adeudaba más expedientes, contabilizando unas 25 causas.
Pero el plato fuerte de la reunión fue la citación, según lo establece el artículo 20 de la comisión, del juez federal Claudio Bonadío. En su dictamen, el senador Ernesto Sanz, señaló que la conducta del magistrado, importó prima facie “mal desempeño”. El expediente contra Bonadío se inició en 2005 por una denuncia de la entonces consejera Marcela Rodríguez.
Según un artículo periodístico citado por Rodríguez, “(…) las dos causas de Yoma S.A. estuvieron en manos de Bonadio, quien sobreseyó a los imputados de la empresa y de los bancos públicos involucrados, sin tomar declaración alguna” y aunque la Cámara Federal revocó ese resolutorio, el magistrado no avanzó hasta 2005.
En su dictamen Sanz aseguró que se observaron “dos importantes retrasos producidos, el primero de ellos de dos años desde el 02 de julio de 2001 al 10 de julio de 2003. El segundo de un año y dos meses, desde el 19 de septiembre de 2003 al 13 de diciembre de 2004”.
“En cuanto a los referidos retrasos, se debe destacar que no hubo movimiento procesal alguno, y que en ambos casos, se trató de resoluciones de trámite firmadas por Bonadio”, añadió el consejero Sanz, cuyo dictamen fue aprobado por la mayoría.
También fue citado a declarar el titular del juzgado federal de Corrientes Carlos Vicente Soto Ávila por una presunta falta disciplinaria. En el orden del día figuraba un dictamen que proponía citar los jueces Norberto Oyarbide, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 y Sergio Torres, pero fue desestimado.
Se desestimó una denuncia de 2005 presentada por la ex consejera Rodríguez contra los jueces Mariano Cardozo, titular del juzgado federal Nº 1 de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, subrogante del juzgado federal Nº 2 de la misma provincia y René Vicente Casas Gamboni, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy.
Además, se aprobó un proyecto de la viceministra de Justicia, Marcela Losardo, con una ampliación a cargo de Santiago Montaña, que sancionó la jueza Dora Mariana Gesualdi titular del juzgado nacional en lo Civil Nº 5.
In límine, se desestimaron denuncias contra la jueza subrogante Guillermina Martínez; del juzgado nacional de primera instancia en lo civil Nº 89; contra el juez Jorge Brugo, del juzgado Penal Económico Nº 5; contra la jueza titular del juzgado civil Nº 44, Gabriela Mariel Scolarici.
Una controversia generó una denuncia presentada por el Colegio de Abogados del Mar del Plata contra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad por causas de lesa humanidad. Después de un pequeño debate, los jueces decidieron que ese expediente (126/08) fuera al plenario, a la comisión de Reglamentación (que determine la competencia del Consejo para tratar el tema) y luego al Ministerio de Justicia.
“En ese momento que se está discutiendo la funcionalidad del Consejo, creo que es importante que pase por la comisión de Reglamentación”, respondió Santiago Montaña cuando el titular del organismo, Luis Bunge Campos propuso que pase directamente al ministerio que encabeza Julio Alak.